El fondo Burford Capital, principal financista del multimillonario juicio por la expropiación de YPF, sufrió en apenas 48 horas una caída del 14% en su valor de mercado —unos US$ 330 millones— tras el reavivamiento de dudas entre inversores sobre la solidez del fallo que condena al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones más intereses. La incertidumbre se disparó luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York realizara preguntas consideradas “incisivas” respecto de si el litigio debió haberse tramitado en Estados Unidos o en Argentina, lo que abrió una ventana de esperanza para el Gobierno nacional en su intento por revertir la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023.
En paralelo, los demandantes presionan para avanzar en el caso adicional que busca demostrar que YPF es un alter ego del Estado argentino, lo que permitiría embargar activos de la petrolera —y de otras empresas públicas— como forma de ejecutar el fallo. En ese expediente, las partes se preparan para una audiencia clave el próximo 4 de noviembre sobre el proceso de discovery, donde se intenta acceder a comunicaciones internas entre funcionarios actuales y pasados. La Argentina debía “producir” información vinculada a unos 35 funcionarios —incluidos Sergio Massa y Luis Caputo— hasta este jueves 30 de octubre, pero solicitó una prórroga hasta el 21 de noviembre. La entrega de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, sin embargo, es voluntaria por parte de los involucrados.
Los demandantes insisten en que Preska no conceda nuevas extensiones y reclaman avanzar sobre indicios de posible intervención política en decisiones estratégicas de YPF, como “los precios de los combustibles” o inversiones en provincias de baja rentabilidad, entre ellas Santa Cruz. El interés del fondo se potencia ante la caída de su acción en las bolsas de Nueva York y Londres (NYSE y LON), justo en vísperas de la presentación de resultados trimestrales. En sus balances, Burford registra un valor contable de US$ 1.623 millones vinculado a los activos del caso YPF, pero su valuación efectiva asciende a alrededor de US$ 6.400 millones, derivada de su participación del 35% en la demanda de las sociedades Petersen y del 82% en Eton Park.
Para el Gobierno argentino, la señal de dudas sobre la jurisdicción abrió una pequeña puerta para revertir una condena que podría escalar aún más. Los intereses del 5,42% anual ya sumaron casi US$ 2.000 millones adicionales, llevando la deuda potencial a niveles impagables para un país sin acceso a los mercados voluntarios de crédito. El monto total se aproxima al reciente swap de monedas acordado con Estados Unidos, lo que refuerza la gravedad del escenario. Frente al estancamiento de una negociación extrajudicial —que Burford continúa exigiendo— el fondo busca que la Argentina deposite el 51% de las acciones de YPF en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia del 30 de junio.
Al mismo tiempo, Burford aspira a demostrar que YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central “son alter ego del Estado”, para que sus activos puedan ser embargados en el exterior. La defensa argentina, por su parte, cuenta con apoyos significativos entre los amicus curiae, incluidos Estados Unidos e Israel, y apuesta a que las dudas expresadas por los jueces federales estadounidenses permitan revertir o al menos recortar el impacto del fallo original. Mientras el litigio avanza en múltiples frentes, la caída bursátil de Burford muestra que, a esta altura, incluso los mercados empiezan a contemplar un escenario menos favorable al fondo que ha tenido en vilo al país por casi una década.
