A tres días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional dispuso la liberación de partidas presupuestarias y confirmó un incremento en el nomenclador de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La actualización, que oscilará entre el 29,7% y el 35,4%, se aplicará en tres tramos consecutivos —octubre, noviembre y diciembre— y alcanzará a profesionales y prestadores de servicios vinculados a internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y procesos de rehabilitación. El detalle específico de cada aumento fue oficializado este jueves con la publicación del Boletín Oficial, luego de que la medida fuera acordada entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud durante la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Según fuentes oficiales, la decisión fue posible gracias a la liberación de una partida adicional dispuesta por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de cubrir los incrementos correspondientes al tercer trimestre del año. La actualización se produce en medio de un clima político tenso para el Gobierno, que enfrentó en el Congreso una derrota sensible con la Ley de Emergencia de Discapacidad. Ambas Cámaras insistieron con la sanción original y rechazaron el veto presidencial, obligando al Ejecutivo a promulgar la norma aunque, como señalaron luego desde la Casa Rosada, sin los recursos fiscales necesarios para ejecutarla. La administración nacional sostuvo que le corresponde al Parlamento “especificar en el Presupuesto 2026 de dónde saldrán los fondos para hacer frente a ese gasto”, y por ese motivo la ley permanece suspendida en su aplicación efectiva hasta que se avance con su financiamiento.
Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, remarcaron que la actualización supera la inflación proyectada para todo 2025. “Refleja una decisión concreta de mejorar los ingresos del sector y brindar previsibilidad a los prestadores”, indicaron fuentes de la cartera sanitaria. En un tono más crítico y con lectura política, desde Salud contrastaron la medida con la última etapa de la gestión de Alberto Fernández: “En 2023 aumentaron el nomenclador un 93% contra un 211% de inflación. Incluso en muchos casos sus provincias pagan, cuando quieren, la mitad de lo que paga Nación, como por ejemplo lo que sucede con IOMA en la provincia de Buenos Aires”, comentaron. El señalamiento busca subrayar que, a pesar de las tensiones presupuestarias y del revés legislativo, el Gobierno sostiene que la actualización anunciada representa una mejora real frente a años previos.
La Resolución Conjunta 2/2025 —publicada en el Boletín Oficial— establece de manera detallada cómo se conformarán los nuevos valores para cada categoría de prestación. Los aumentos alcanzan a todo el universo de servicios contemplados en el sistema de prestaciones básicas, desde terapias individuales hasta apoyo en ámbitos educativos, transporte especializado y centros de día. Aunque aún persiste el debate por la Ley de Emergencia y la definición de su financiamiento, el anuncio del incremento aparece como un intento de dar respuesta inmediata al reclamo de prestadores y familias, uno de los sectores más sensibles del esquema de salud y asistencia social. Con las partidas ya habilitadas y la actualización formalizada, el Gobierno apuesta a enviar una señal de previsibilidad mientras continúa la discusión de fondo sobre cómo se financiará el sistema en 2026.
