El Gobierno nacional se muestra decidido a capitalizar el impulso político obtenido en las elecciones legislativas y, con ese envión, intenta recuperar el control de la agenda parlamentaria. En ese marco, la Casa Rosada busca avanzar en un acuerdo con los gobernadores para postergar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 hasta después del 10 de diciembre, cuando asumirá la nueva composición del Congreso, más favorable al oficialismo. Ese planteo fue transmitido durante una nueva reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de la que participaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y funcionarios del Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri.

Según fuentes del oficialismo, la posibilidad de aplazar la discusión presupuestaria dependerá del resultado del encuentro que el presidente Javier Milei mantendrá este jueves con los mandatarios provinciales dialoguistas. El objetivo es obtener respaldo político para el paquete de reformas que el Gobierno pretende impulsar en esta segunda etapa de gestión, entre ellas cambios laborales y tributarios. Si Milei obtiene ese aval, el Ejecutivo podría desarmar el cronograma que la oposición había impulsado para acelerar el tratamiento del Presupuesto, que fijaba el 4 de noviembre como fecha límite para emitir dictamen y estimaba el debate en el recinto entre el 12 y 13 de noviembre. El plan original preveía que el Senado completara el proceso dentro del período ordinario de sesiones, pero la agenda quedó desdibujada por la ausencia del diputado Nicolás Massot en las últimas reuniones y por la falta de presión de los bloques opositores para sostener ese calendario.

La estrategia oficial se desarrolla en paralelo con la posibilidad concreta de convocar a sesiones extraordinarias en enero para impulsar con mayor rapidez los proyectos de reforma laboral e impositiva. En Casa Rosada consideran que el triunfo electoral, con más del 40% de los votos, les otorgó una oportunidad política que no quieren desaprovechar. En ese clima de mayor confianza, el vicejefe de Gabinete José Rolandi se mostró especialmente firme ante los cuestionamientos de diputados de Unión por la Patria y la izquierda respecto a la falta de un presupuesto aprobado durante los años de gestión libertaria. Rolandi rechazó de plano esas críticas y profundizó el desafío. “Si quieren podemos discutir el camino del shutdown; a nuestro objetivo nos facilitaría un montón la gestión. Hoy Estados Unidos está en shutdown, pero tenemos un presupuesto acorde a la ley que sancionó el Congreso”, sostuvo.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también exhibió una postura más empoderada frente a los legisladores. Respondió con dureza a un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionaba las proyecciones económicas del Gobierno para el próximo año. “Estamos convencidos de los números que tenemos. No tenemos por qué compartir con las proyecciones del Fondo. Lo que hemos firmado es que vamos a pagar los intereses de la deuda con superávit primario”, afirmó. En línea con esta defensa, ratificó la proyección de crecimiento del 5% para 2026 y aseguró que “no va a haber ningún cambio en la política cambiaria, se mantiene la flotación en bandas”. También anticipó una reducción del gasto del 5% y sostuvo que el Presupuesto mantiene “equilibrio fiscal”, destacándolo como un principio central del plan económico.

La discusión se tensó cuando la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el incremento previsto en el impuesto a los combustibles y denunció que la recaudación destinada al Fondo SISVIAL —encargado del mantenimiento de rutas nacionales— se está desviando hacia instrumentos financieros. Aseguró que en 2025, de más de $275.000 millones recaudados, solo se ejecutó el 16%, según datos surgidos de un pedido de información pública. Guberman rechazó la acusación y sostuvo que la ejecución fue mayor, aunque la legisladora insistió en los números oficiales obtenidos. Finalmente, el funcionario buscó dar por cerrado el intercambio al señalar que las partidas se ejecutarán “en la medida en que haya obras necesarias que lo justifiquen”.

En este escenario cargado de negociaciones y tensiones políticas, se confirmó que el canciller Pablo Quirno concurrió este jueves a la comisión de Presupuesto para exponer sobre el plan de cuentas del Gobierno, pese a haber sido reemplazado por José Luis Daza en la Secretaría de Finanzas. El debate por el Presupuesto —ahora en pausa estratégica— promete convertirse en uno de los primeros grandes capítulos del nuevo Congreso que asumirá en diciembre.