En un contexto marcado por los reclamos empresariales para avanzar con reformas laboral e impositiva luego del triunfo oficialista en las elecciones legislativas, la autopartista sueca SKF anunció el cierre definitivo de su planta productiva en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. La empresa, que fabrica rodamientos y rulemanes para vehículos y opera en el país desde 1917, confirmó que dejará de producir en territorio nacional y que, a partir de ahora, importará toda la mercadería desde otras de sus plantas distribuidas en el mundo. De esta manera, la multinacional mantendrá únicamente su presencia comercial en la Argentina, ofreciendo soporte técnico y soluciones industriales, pero sin actividad fabril.
Según comunicó la compañía, la decisión se enmarca en una reestructuración global destinada a concentrar la fabricación en instalaciones “más grandes y tecnológicamente avanzadas”, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad en el largo plazo. La firma explicó que el cierre fue definido tras un análisis profundo de “factores económicos, de producción y de mercado”, y que se evaluaron distintas alternativas antes de llegar a esta determinación. “Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no pudimos identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”, afirmó Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial para las regiones de América y Australia.
La compañía también contextualizó la medida en la transformación global que atraviesa el sector automotriz y en un proceso más amplio de relocalización industrial, que implica concentrar la producción en países donde el desempeño operativo resulte más competitivo. Sin embargo, puertas adentro de la industria metalúrgica argentina, la lectura es distinta: la salida de SKF dejó a 145 trabajadores sin empleo —una plantilla que llegó a superar los 500 operarios décadas atrás— y marcó el final de más de cien años de producción nacional. Para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la decisión expone la fragilidad del entramado fabril argentino. Su secretario general, Abel Furlán, lamentó el cierre y responsabilizó al Gobierno: “Mientras el mundo cuida su producción, la Argentina abre sus puertas a todo lo importado”, señaló.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino para garantizar que las indemnizaciones sean abonadas en tiempo y forma. Según trascendió, se avanzará en un acuerdo que contemple un pago superior al mínimo legal para los trabajadores despedidos. Aunque la firma continuará operando comercialmente en el país, la clausura de la planta en Tortuguitas constituye un golpe simbólico y económico para la industria nacional, especialmente en un momento de discusiones profundas sobre el futuro del empleo, la competitividad y el rol del Estado en la protección del aparato productivo.
