En medio de las crecientes dificultades del Gobierno para afrontar el próximo vencimiento de deuda con acreedores internacionales, un grupo de bonistas internacionales presentó una iniciativa que propone una “pausa” de hasta un año en los pagos de intereses para países emergentes que atraviesen situaciones de emergencia. La propuesta, difundida en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), busca dar margen a economías vulnerables —como la argentina— ante crisis climáticas, sanitarias, bélicas o macroeconómicas.
El borrador sugiere habilitar a países de ingresos bajos y medios a diferir vencimientos bajo determinadas condiciones, replicando un mecanismo ya aplicado en Barbados en 2019, cuando el país caribeño postergó pagos de capital e intereses tras un huracán devastador. No se limitaría a catástrofes naturales definidas, sino que, según el documento, mantendría flexibilidad “para adaptarse a una amplia variedad de eventos de crisis”, abarcando incluso shocks económicos severos. El mecanismo permitiría activar la pausa mediante la declaración de emergencia nacional, acompañada por documentación de respaldo y la obligación de convocar a una conferencia global con los inversores.
La iniciativa llega en un momento crítico para la Argentina. Entre 2026 y 2027, el país enfrenta obligaciones externas por US$ 30.000 millones, incluyendo pagos al FMI. De ese total, los vencimientos con bonistas privados ascienden a US$ 9.000 millones solo en 2026, con una carga particularmente pesada en enero: US$ 4.500 millones. La fragilidad financiera quedó en evidencia en la evolución de los bonos que vencen en 2030, que en lo que va del año cayeron 28%, pasando de US$ 82 a US$ 59. Pese a la reducción de la deuda total del sector público —del 106,4% del PBI en el segundo trimestre de 2024 al 75,2% en igual período de 2025— la deuda en moneda extranjera continúa siendo extremadamente alta: alcanza el 41% del PBI, el nivel más elevado del mundo entre economías emergentes, según datos del Instituto Internacional de Finanzas.
El mercado reaccionó con escepticismo ante la propuesta. Desde un fondo estadounidense consultado por Clarín fueron contundentes: “No vi la iniciativa, pero eso no va a ningún lado”. Con un riesgo país cercano a los 1.000 puntos básicos y sin acceso a los mercados internacionales, el presidente Javier Milei buscó alternativas, incluido un eventual rescate financiero impulsado por Donald Trump. Sin embargo, la idea de una pausa generalizada en los pagos aparece, por ahora, como una herramienta más de debate que como una solución inmediata para las necesidades urgentes del país.
El documento fue elaborado por figuras influyentes del mercado de deuda: Abby McKenna (Emerging Markets Investors Alliance), Matthew Graves (PPM America), Samy Muaddi (T. Rowe Price Associates), Kevin Daly (Aberdeen), Ben Heller (HBK), Carl Ross (GMO) y Kaan Nazli (Neuberger Berman), entre otros. Según explican, la pausa podría ayudar a que bonos soberanos resistan mejor “crisis catastróficas”, siempre que los emisores garanticen información transparente y una “protección sólida” para los acreedores. El esquema exige que al menos el 60% de la deuda externa elegible del país contemple una cláusula similar para activarse, y limita su uso a una única aplicación durante la vida del bono.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Coalición de Londres por la Deuda Sostenible, creada en junio y codirigida por la secretaria del Tesoro del Reino Unido, Lucy Rigby. Su consejo asesor incluye instituciones como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de Asia, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la OCDE, el BID, el IIF y la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. Mientras el Gobierno argentino busca alternativas para evitar caer en incumplimientos, el debate internacional sobre nuevas herramientas para países vulnerables se vuelve cada vez más relevante ante un escenario global signado por inestabilidad y endeudamiento creciente.
