El Ministerio Público Fiscal (MPF) atraviesa uno de los momentos más críticos desde su creación, con un 46,86% de cargos vacantes y un presupuesto recortado que compromete su funcionamiento para los próximos años. La situación se agrava por la falta de envío de pliegos al Congreso: el Ministerio de Justicia mantiene sin remitir 44 candidaturas para cubrir puestos clave, mientras que en los últimos cinco años apenas se designaron cinco fiscales. El organismo, encargado de impulsar las investigaciones penales y de “promover la justicia y la defensa de los intereses de la sociedad”, enfrenta así un debilitamiento estructural en momentos en que el Gobierno busca avanzar con el sistema acusatorio, donde los fiscales asumen un rol central.

La decisión de no completar los cargos, señalan fuentes de la Procuración General de la Nación, es “política, porque la responsabilidad de designar fiscales como jueces y defensores oficiales es del Poder Ejecutivo”. A dos años del retiro masivo de 222 pliegos del Senado por parte del ministro Mariano Cúneo Libarona, bajo el argumento de que debían revisarse, el Gobierno continúa sin activar el proceso de designación. Ahora, la Casa Rosada reconoce que espera la nueva conformación del Senado tras las elecciones de octubre para avanzar, en un contexto legislativo que consideran adverso y que podría implicar nuevos reveses. Mientras tanto, los trámites de jubilación, las renuncias y los concursos vencidos aceleran la expansión del número de vacantes, que podría superar el 50% en 2026 si la inacción se mantiene.

Actualmente, de los 367 cargos del MPF, 172 están vacantes. A ese número se suman 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo hace más de un año y medio que no han sido enviadas al Congreso, pese a que los concursos ya concluyeron. La sobrecarga sobre los fiscales en funciones es cada vez mayor. “El hecho que no se cubran las vacantes tiene directa relación con la ‘regularidad del servicio de justicia’, pues implica una sobrecarga de las tareas de los fiscales, puesto que deben cubrir funciones extras en otras dependencias”, explicó a Clarín el titular de la Asociación de Fiscales, Ricardo Toranzos. Según detalló, esta presión laboral deriva en respuestas tardías a la comunidad e incluso en actuaciones con “plazos vencidos”, afectando directamente la calidad del servicio.

A esta crisis de recursos humanos se suma un fuerte recorte presupuestario. Para 2026, el MPF solicitó 815.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para garantizar la continuidad del sistema acusatorio y la expansión del nuevo Código Procesal Penal en más jurisdicciones. Sin embargo, el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo prevé solo 539.547 millones: un 26,6% menos de lo requerido. Desde la Procuración advierten que este recorte profundiza la imposibilidad de realizar inversiones, ya que más de 400 mil millones se destinan exclusivamente al pago de salarios. “Se viene con presupuestos prorrogados pero siempre con estimaciones que rondan entre el 26 y 30 por ciento menos de lo requerido año tras año, y eso repercute en infraestructura y en inversiones necesarias”, sostuvo una fuente judicial, que remarcó además que esta merma compromete la “correcta implementación del sistema acusatorio”.

Pese al escenario, el Gobierno considera que está en condiciones de implementar el nuevo sistema en Comodoro Py el próximo 10 de noviembre, uno de los fueros más sensibles del país por la naturaleza de los expedientes que allí tramitan. Mientras tanto, el MPF remarca que sin recursos suficientes, tanto humanos como presupuestarios, se dificulta garantizar “el éxito de las investigaciones y actuaciones penales actualmente llevadas adelante en casos graves y complejos”, según expresó el procurador Eduardo Casal en múltiples comunicaciones oficiales enviadas al Ministerio de Justicia. El riesgo, advertido por numerosos actores del sistema judicial, es que la parálisis en la designación de fiscales y la insuficiencia de fondos termine debilitando de manera profunda la capacidad del Estado para llevar adelante investigaciones penales efectivas.