El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, se pronunció en línea con la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense y dictaminó que no corresponde reimprimir las boletas únicas para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La definición final quedará ahora en manos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ya había habilitado a Diego Santilli como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) y reabrió la discusión sobre los plazos y la factibilidad del cambio solicitado por el oficialismo libertario.

La provincia de Buenos Aires se prepara para recibir a cerca de 14 millones de electores en 40 mil centros de votación, lo que implica la operación electoral más grande del país. Las boletas únicas impresas llevan las listas de las quince fuerzas políticas que competirán en ese territorio, y deberán comenzar a distribuirse en los próximos días. La Junta Electoral había rechazado el pedido de LLA para destinar 12.169 millones de pesos a una reimpresión total del material a menos de dos semanas del comicio, fundamentando la negativa en razones logísticas, legales y económicas.

El fiscal González respaldó este criterio tras evaluar los informes técnicos del Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral y los inspectores que verifican fallas de impresión, numeración, encuadernado y preparación de los bolsines. En su dictamen concluyó que el proceso solicitado es inviable: “Hacer lugar al pedido era fácticamente imposible y se pondría en riesgo la elección en sí misma”, aseguró. Y profundizó en esa idea al señalar que, “si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”.

Uno de los ejes centrales del dictamen fue el cumplimiento estricto de los plazos legales. El fiscal recordó que el 11 de octubre fue la “última fecha para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los simultáneos procesos que terminan el 26 de octubre”. Además, señaló que recién este fin de semana la Cámara Nacional Electoral confirmó la candidatura de Santilli, por lo que “la Junta Electoral no cuenta con la foto que reemplazaría a la actual que permitiría hacer la prueba de impresión y aprobación del modelo final de la BUP”. Por eso, sostuvo que ordenar una reimpresión sería “cuanto menos, inoficioso e ineficaz aun en el marco de las previsiones de los recurrentes”.

El dictamen también destacó que las etapas de aprobación, impresión, control y distribución están reguladas por plazos “perentorios y de orden público”, lo que impide reabrir procedimientos ya concluidos. González subrayó que el compromiso del Ministerio Público Fiscal es garantizar elecciones informadas, sin confusiones y con plena seguridad jurídica, un enfoque que se vuelve aún más crítico al tratarse de la primera elección nacional con boleta única.

Otro aspecto que pesó en la evaluación fue el impacto logístico. El fiscal consideró que retroceder etapas avanzadas del cronograma “ya es muy complejo de abordar”, pero que el nivel de riesgo aumenta cuando la modificación puede comprometer el desarrollo del acto electoral en su conjunto. Los informes técnicos de la Secretaría Electoral reforzaron la idea de una “imposibilidad fáctica”, al remarcar la escala del operativo bonaerense: casi 40 mil talonarios deben controlarse, prepararse y distribuirse antes del día del comicio.

El debate ganó fuerza luego de la renuncia de José Luis Espert como cabeza de lista, tras conocerse que había recibido fondos de un empresario con presuntos vínculos con el narcotráfico. Tras esa salida, el Gobierno impulsó el reemplazo por Santilli, pero la discusión derivó en un cruce por los tiempos y la validez legal de una eventual reimpresión. Para la Casa Rosada, es estratégico evitar que Espert aparezca en la boleta; la oposición, por el contrario, sostiene que ya no hay condiciones para modificar el material.

La Junta Electoral, al rechazar el pedido, priorizó la estabilidad del calendario, la igualdad entre fuerzas y la certeza del sufragio. También advirtió que una erogación de más de 12 mil millones de pesos podría abrir la puerta a reclamos similares de otras agrupaciones y generar gastos adicionales para el Estado. Con todos estos elementos, el fiscal González coincidió con el criterio de la Junta y dictaminó que no corresponde reimprimir el material. La última palabra, ahora, será de la Cámara Nacional Electoral.