En medio del derrumbe político más brusco de su carrera, José Luis Espert tomó una decisión clave: cambió a su equipo de abogados en las dos causas en las que está imputado por presunto lavado de dinero ligado al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El economista y diputado, que en cuestión de días renunció a su candidatura bonaerense, a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y pidió licencia en la Cámara baja, decidió replegarse por completo para concentrarse en su frente judicial. La semana pasada contrató a los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes reemplazaron a Augusto Garrido, integrante del estudio de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.
Freeland, con más de 40 años de trayectoria en el fuero penal y antecedentes en causas de alto perfil –entre ellas la representación de la droguería Suizo Argentina en la trama vinculada a Diego Spagnuolo– estuvo presente en el allanamiento realizado este jueves en la vivienda de Espert, en Beccar. Desde allí comenzó a delinear la nueva estrategia procesal. La defensa pretende unificar los dos expedientes que investigan presuntas maniobras de lavado ligadas a Machado y que la investigación quede radicada en los tribunales de Comodoro Py. “Los dos expedientes son por presunto lavado de dinero de Machado y los hechos se dieron en fechas cercanas, 2019 y 2020”, plantearon los defensores en un escrito que ya inició su curso judicial, según confirmaron fuentes tribunalicias.
El primer expediente se abrió en 2021 y investiga 36 vuelos que Espert realizó en aviones de Machado entre abril y agosto de 2019, durante su candidatura presidencial por el partido Unite. Cinco de esos viajes los hizo junto al propio empresario y ninguno fue declarado como gasto de campaña, una obligación legal para las fuerzas políticas. Esa causa está en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y de la fiscal Alejandra Mangano. La segunda causa, en cambio, fue iniciada la semana pasada a partir de una denuncia de Juan Grabois. Apunta a una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en febrero de 2020 como supuesto pago por un contrato de consultoría para “Minas del Pueblo”, una compañía minera de Machado en Guatemala y señalada por Estados Unidos dentro de un entramado delictivo. Este expediente quedó bajo la órbita del juez de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Federico Domínguez, quienes ordenaron los allanamientos en la casa de Espert y su despacho legislativo.
La defensa pretende que ambos expedientes sean absorbidos por Comodoro Py, en tanto el primero está más avanzado y ya cuenta con medidas de prueba. Sin embargo, la resolución no será sencilla. Martínez De Giorgi ya solicitó acceder al expediente de Mirabelli para evaluar si corresponde pedirlo formalmente. En caso de que el magistrado de San Isidro se niegue, se abrirá una disputa de competencia que deberá definir una instancia superior. Paralelamente, la nueva defensa anunció que tendrá una postura más activa, con presentaciones y solicitudes de prueba. Pero no es el único frente que enfrenta Espert.
En los próximos días se espera un movimiento clave: la declaración de José Bonacci, quien era presidente de Unite durante la campaña de 2019 y uno de los responsables financieros del partido. Bonacci, junto con Lucía Montenegro –actual legisladora porteña de La Libertad Avanza– y su padre, Antonio Montenegro, fue citado a indagatoria para explicar la falta de rendición de gastos. El fiscal electoral Ramiro González fijará la fecha de su declaración en los próximos días. Aunque Espert no está imputado en ese expediente por no tener responsabilidades financieras durante la campaña, una afirmación pública de Bonacci ya encendió alarmas: dijo que el avión de Machado se utilizó por su relación con Espert y que el partido no tenía vínculo alguno con el empresario. Si ratifica esa versión ante la justicia y aporta más detalles, su testimonio podría convertirse en una pieza clave que complique la situación del diputado en las causas por presunto lavado.
