Tras años de controversias judiciales y reclamos de los familiares de los tripulantes fallecidos, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el histórico juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan se llevará a cabo en Río Gallegos, Santa Cruz. La Sala IV del tribunal, compuesta por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, decidió por mayoría que la jurisdicción competente sea la del Tribunal Oral Federal de la capital santacruceña, a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

La causa, que investiga la responsabilidad de altos mandos de la Armada por el naufragio del submarino ocurrido en noviembre de 2017, tiene como imputados al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo —entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento—, al capitán de navío Claudio Villamide —a cargo de la Fuerza de Submarinos—, y a los oficiales Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos están procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte”. La instrucción del expediente tramitó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, desde donde la jueza Marta Yañez elevó la causa a juicio.

La decisión de mantener la sede en Río Gallegos fue objetada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas y querellante en la causa, quien solicitó que el juicio sea trasladado a Mar del Plata. Argumentó que el hecho no ocurrió dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia y que “se encontraba más allá de las 200 millas náuticas, en altamar”. Además, destacó que hacer el juicio en Santa Cruz afectaría a los familiares de las víctimas, muchos de los cuales residen en Buenos Aires. Su pedido fue acompañado por las defensas de López Mazzeo y Villamide, que también pidieron que la competencia recaiga sobre los Tribunales Federales de Buenos Aires.

Incluso el fiscal del Tribunal Oral santacruceño, Julio Zárate, sugirió que el juicio se realice en Mar del Plata por ser el último puerto del ARA San Juan y sede de la Base Naval de submarinos. Sin embargo, tanto la Defensa Pública Oficial, que representa a los otros dos imputados, como la abogada querellante Valeria Carreras, se opusieron. Ellos defendieron la competencia del Tribunal de Santa Cruz, señalando que es el más adecuado para llevar adelante el debate de forma inmediata.

El juez Gustavo Hornos remarcó que “la ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en Alta Mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en el caso, la tragedia radica en que, tristemente, el Submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”. Por su parte, Borinsky señaló que mantener la causa en Santa Cruz “asegura la mejor, y más pronta, administración de justicia a la luz del principio procesal de economía procesal”.

En disidencia, Javier Carbajo sostuvo que el juicio debería realizarse en Mar del Plata, en tanto “fue la ciudad desde donde zarpó el submarino; donde estaba su asiento natural; donde se emitió la orden de operación… y donde se envió la última comunicación”. Pese a esta posición, la mayoría de la Sala IV ratificó la jurisdicción de Río Gallegos, donde se estima que el Tribunal Oral fijará pronto la fecha de inicio del debate.

Con esta decisión, el camino hacia el primer juicio oral sobre el hundimiento del ARA San Juan queda despejado, aunque no exento de tensiones entre familiares, defensas y organismos de la justicia federal.