El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, aunque suspendió su entrada en vigencia hasta que el Poder Legislativo incorpore en el Presupuesto las partidas necesarias para su financiamiento. La medida quedó formalizada a través del decreto 681/25, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece la vigencia de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarse por un año más.
El texto firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclara que la suspensión obedece a la falta de previsión presupuestaria. “El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”, señala el decreto. En ese sentido, el funcionario citó el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto debe especificar sus fuentes de financiamiento. “El presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”, agrega la medida, que instruye al Congreso a definir en el próximo Presupuesto nacional los recursos que permitirán su implementación.
Francos defendió la decisión al sostener que, si bien la temática de la discapacidad “reviste una sensibilidad especial”, las políticas públicas deben diseñarse “con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. En una entrevista concedida a Clarín, el ministro coordinador ya había anticipado la promulgación con suspensión de la norma y cuestionó a la oposición por no definir cómo se financiará la iniciativa. “No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, planteó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada este año por ambas cámaras del Congreso y declaraba la emergencia en la materia con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones, mejorar los servicios de rehabilitación y fortalecer los programas de inclusión laboral. Sin embargo, el presidente Milei vetó la norma argumentando falta de recursos para su ejecución. La decisión fue rechazada por el Poder Legislativo, que insistió con su sanción y forzó su promulgación.
Con el decreto publicado este lunes, el Gobierno convalida la ley pero congela su aplicación efectiva hasta que el Congreso disponga los fondos correspondientes. En los hechos, la emergencia en discapacidad queda reconocida pero sin presupuesto asignado. De esta manera, la puesta en marcha de las medidas dependerá de la aprobación del Presupuesto 2026, donde el Parlamento deberá definir de qué partidas se obtendrán los recursos para financiar las acciones previstas. Mientras tanto, las organizaciones que impulsaron la ley reclaman su implementación inmediata, en medio de un contexto de fuertes recortes en el área y demoras en los pagos a prestadores del sistema de discapacidad.
