La Justicia federal levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina. La investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, se originó a partir de la filtración de conversaciones de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que aludían a un supuesto circuito de cobro de coimas. Aunque por el momento no hay imputaciones formalizadas, la fiscalía detectó “irregularidades administrativas” en los contratos bajo análisis e intimó a Spagnuolo a designar abogado en un plazo de tres días.
El expediente se abrió tras la difusión de los audios en los que se escucha al ex funcionario referirse a una presunta red de pagos ilegales. Según la hipótesis inicial, la droguería Suizo Argentina habría actuado como intermediaria en la canalización de fondos indebidos hacia funcionarios públicos. En ese sentido, Picardi sostuvo que existía “sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción que involucrarían a determinadas dependencias de la Administración Pública Nacional —en particular a la Agencia Nacional de Discapacidad— y la droguería Suizo Argentina”. La investigación busca determinar si se efectuaron pagos indebidos “relacionados a mantener, sostener o promover determinadas concesiones a dicha empresa para comercializar medicamentos”.
Para verificar estas sospechas, el fiscal ordenó allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los empresarios de la droguería, del propio Spagnuolo y de su segundo en la agencia. Además, se secuestraron teléfonos celulares y se incautó dinero durante los operativos. La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, quien solicitó investigar un “presunto pago de coimas”. Con el avance de la pesquisa, la fiscalía amplió el objeto procesal e incorporó pruebas contables para analizar los millonarios contratos entre la ANDIS y la firma farmacéutica.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal general Sergio Rodríguez, analiza más de 600 contratos celebrados entre la Agencia y la droguería de la familia Kovalivker. Aunque hasta el momento no se detectaron sobreprecios, fuentes judiciales señalaron que “todavía es prematuro arribar a esa conclusión”. No obstante, los investigadores admitieron haber encontrado cuestiones “que llamaron la atención” en el circuito administrativo de las contrataciones.
Durante el último año, la ANDIS y el Ministerio de Salud realizaron compras a la Suizo Argentina por alrededor de 55.000 millones de pesos. Según fuentes de la causa, la fiscalía mantiene como hipótesis principal la posible existencia de una “ruta de coimas” y de contrataciones direccionadas que habrían beneficiado de manera irregular a la empresa. Mientras tanto, la PIA continúa recopilando documentación interna y normativa utilizada “para ciertos tipos de contrataciones”, un mecanismo vigente desde 2017 que permitió a la agencia concretar “una gran cantidad de contrataciones directas”.
Por ahora, la investigación sigue en etapa preliminar y no hay decisiones sobre eventuales imputaciones. Sin embargo, el levantamiento del secreto de sumario abre una nueva fase del expediente, que podría determinar si existió un entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad y si la droguería Suizo Argentina fue beneficiada de manera indebida a través de millonarios contratos públicos.
				
				

