ADEPA, FOPEA, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y tres colegios de abogados repudiaron este martes la decisión del juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados en la Casa Rosada. La medida cautelar fue presentada por Milei, y motivó además que el Gobierno nacional presentara una denuncia penal por espionaje contra los periodistas que difundieron los registros.

En un comunicado, ADEPA sostuvo que “ha rechazado de modo constante todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”. La entidad agregó que “la reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.

FOPEA coincidió en el rechazo y subrayó que “la jurisprudencia nacional e internacional indica que el honor, la intimidad y otros derechos de un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. Mucho más cuando se trata de información vinculada a personas públicas. Karina Milei es una funcionaria de alto rango y los actos que realice dentro de un edificio público, como la Casa Rosada, salen de la esfera privada”.

El gobernador Pullaro cuestionó directamente la medida: “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen. Eso debe aclararse”, sostuvo.

Por su parte, los colegios de abogados —representados por Ricardo Gil Lavedra, Rosalía Silvestre y Juan Pablo Zanetta— denunciaron que la decisión del juez constituye “un grave acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que debe ser repudiado enfáticamente pues agravia uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la libertad de expresión”. Las entidades recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiterados fallos que “la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema republicano y que toda limitación debe ser de interpretación restrictiva”.

En su comunicado, los abogados enfatizaron que la libertad de expresión no solo protege a los medios de comunicación, sino también “el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público”. Y agregaron: “El periodismo cumple un rol esencial en ese proceso, que requiere plena vigencia del secreto profesional y de la confidencialidad de las fuentes informativas. Sin esas garantías, la investigación periodística se vería severamente afectada y con ella el derecho de la ciudadanía a conocer hechos relevantes”.