Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, volvieron a presentarse ante el juez federal Sebastián Casanello con un nuevo escrito en el que buscan detener la investigación por presuntas irregularidades en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La defensa sostiene que el expediente actual se trata de un caso de “cosa juzgada”, ya que se vincularía con una denuncia anterior archivada.
El viernes pasado, mientras se llevaban a cabo allanamientos en la sede de la empresa, el abogado de los empresarios, Martín Magram, había presentado un primer escrito solicitando la nulidad de la investigación en curso. En aquel planteo, se cuestionaba el origen de la grabación de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que dio inicio al proceso judicial. Según la defensa, la causa se basa en “la forma en cómo se procuró la investigación”, lo que consideran inválido.
Este lunes, el mismo estudio jurídico amplió su estrategia. Además de Emmanuel y Jonathan, se sumó el padre de ambos, Eduardo Kovalivker, fundador de la compañía, para argumentar que ya existió una causa similar. En aquella ocasión se investigaba un contrato de la droguería con la ANDIS por 24.000 millones de pesos, y el expediente fue archivado por decisión del fiscal Carlos Rívolo. “No se puede realizar una investigación continua con un caso que fue archivado. Antes decían que hubo sobreprecios y eso no se corroboró. Ahora le cambian la expresión y hablan de posibles coimas, pero el hecho ya se investigó y se cerró la causa”, señalaron fuentes allegadas a Suizo Argentina.
La denuncia que dio origen a la actual causa se disparó a partir de los audios filtrados de Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos pagos de coimas vinculados a la provisión de medicamentos. Los registros apuntan a nombres de peso en la estructura de gobierno, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el subsecretario de la Presidencia Eduardo “Lule” Menem, además de Spagnuolo y los Kovalivker. En el expediente, los investigadores sostienen que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.
En ese marco, la fiscalía de Franco Picardi mantiene bajo secreto de sumario la investigación, al menos hasta el jueves, cuando vence el plazo inicial de diez días hábiles, aunque este podría extenderse. Hasta entonces, las defensas de Spagnuolo y de los Kovalivker no tendrán acceso a las pruebas incorporadas.
Mientras tanto, la estrategia de los empresarios se centra en remarcar que lo que existe es “un cambio semántico: las personas involucradas, la empresa y los contratos son los mismos, pero la justicia ya dijo que no hay elementos de prueba para avanzar”. El juez Casanello deberá resolver ahora si hace lugar al planteo de “cosa juzgada” o si permite que el caso continúe su curso en los tribunales federales.
