En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno por los audios que hablan de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y las derrotas legislativas del oficialismo, la oposición se prepara para una nueva ofensiva en el Congreso. En el Senado, ya existe un proyecto dictaminado para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), iniciativa que cuenta con el respaldo de gobernadores y del kirchnerismo, sector que históricamente defendió este mecanismo pero que ahora busca modificarlo frente a la administración libertaria.

El objetivo de la oposición es convocar a sesión para la primera semana de septiembre con un temario que incluiría, además de la reforma de los DNU, la revisión de posibles vetos presidenciales sobre leyes recientes, como la de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y el proyecto de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). “Si el Gobierno tiene decidido gobernar por decreto y las leyes que sanciona el Congreso las veta, algo hay que hacer porque sino un día va a cambiar la ley de coparticipación con un DNU”, alertó un senador con terminal en su provincia, reflejando la preocupación sobre la acumulación de facultades presidenciales.

El proyecto que ya tiene dictamen plantea que cada DNU solo pueda incluir una materia, para ser tratado de manera individual en el Congreso, evitando casos como el DNU 70/23, conocido como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que incluía 366 artículos y varios procesos de desregulación económica. Además, propone que ambas cámaras puedan tratar los DNU incluso durante el receso y que su aprobación requiera el aval de Senado y Diputados, aunque persisten diferencias entre legisladores sobre cómo proceder si una cámara lo rechaza y la otra lo aprueba. Un diputado alineado con el oficialismo reconoció que el tema es bicameral y afirmó que “no es justo” que un decreto pueda ser aprobado o rechazado por solo una cámara, en clara referencia a la búsqueda de un mayor control sobre los DNU.

La reforma también establece un plazo máximo de 90 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial para que el decreto sea ratificado; de no cumplirse, quedará derogado y el Ejecutivo no podrá dictar otro DNU sobre la misma materia durante el año parlamentario. Esta medida busca evitar que el Gobierno deje normas sin tratamiento en la comisión de Trámite Legislativo, un punto que genera tensión entre oficialismo y oposición, como ocurrió con decretos que proponían disolver o transformar organismos del Estado, como Vialidad, que terminaron rechazados por ambas cámaras.

El dictamen de mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales fue firmado por representantes de distintos bloques: Alejandra Vigo (Unidad Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Mónica Silva (Somos Río Negro), además de radicales como Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco, y peronistas José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Pablo Bensusán. Solo La Libertad Avanza se abstuvo de adherir a la iniciativa, mostrando el rechazo del oficialismo a la limitación de los DNU.