El juez en lo Civil y Comercial Marcelo Bruno Dos Santos resolvió declarar la caducidad del proceso mediante el cual el Estado buscaba que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad afrontaran un resarcimiento económico de 22.300 millones de pesos. El monto correspondía al 50% de las obras adjudicadas a Lázaro Báez que no fueron concluidas. Con esta decisión, el pago ya no puede exigirse, salvo que una instancia superior revierta el fallo. La medida fue anunciada a través de la resolución en la que el magistrado expresó: “Declarar operada la caducidad de la instancia en el presente proceso, con costas a la actora vencida”. Sin embargo, horas después, el Gobierno confirmó que apelará el fallo ante la Cámara correspondiente, mientras que en el fuero penal continúa avanzando la ejecución patrimonial por el decomiso de 537 millones de dólares derivados de la condena por defraudación.
La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Luis Goldin, había solicitado la caducidad del proceso argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no mostró interés en impulsar el reclamo. Según explicó, el expediente no registraba avances desde octubre de 2023, lo que habilitaba el pedido. Es la segunda vez que Cristina Kirchner recurre a este planteo en base a la inactividad estatal. En paralelo, Vialidad Nacional intentó evitar la caducidad señalando que “no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia” y sostuvo que durante ese tiempo se incorporaron al expediente hechos, pruebas y sentencias del fuero penal. También recordó que, a pesar de que Cristina presentó un pedido de caducidad anterior que fue rechazado, el trámite se extendió porque la defensa cuestionó la representación de Vialidad, ejercida por el Gerente de Asuntos Jurídicos del organismo.
Al analizar los argumentos, el juez Dos Santos señaló que, si bien existieron falencias administrativas en la digitalización de la demanda, ese incumplimiento no había impedido el avance del expediente hacia una sentencia definitiva. No obstante, recordó que la caducidad de instancia tiene como objetivo evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, más allá de la responsabilidad de las partes. En su fallo, indicó: “Me permito recordar que el instituto de la caducidad de instancia no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio; fundamentalmente persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”. En consecuencia, concluyó que “corresponde admitir la perención acusada por Cristina Kirchner”. El proceso civil queda así condicionado a la apelación oficial. Cabe recordar que, cuando se inició el juicio penal contra la exmandataria y Báez, el perjuicio estimado ascendía a 46.000 millones de pesos, cifra que luego el Tribunal Oral Federal 2 actualizó a 85.000 millones, incluyendo sobreprecios en varias obras viales que, según los peritajes, formaban parte de un modus operandi sistemático.
