El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la lucha contra la trata de personas al aprobar un protocolo actualizado para la detección temprana de posibles víctimas en pasos fronterizos. La medida, oficializada este jueves a través de una Resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, busca reforzar los controles en los 237 pasos habilitados en todo el país, entre terrestres, marítimos, fluviales y aéreos. Según se indicó en el documento, los controles migratorios “constituyen un ámbito especialmente propicio para la detección de posibles víctimas que se encuentren en etapa de captación, traslado o transporte para ser explotadas en nuestro país o fuera de éste, resultando factible también la detección temprana de víctimas que ya han sido sometidas a explotación y que son trasladadas o transportadas para continuar siendo explotadas en otros lugares geográficos”.
La actualización reemplaza al protocolo aprobado en 2012 e incorpora nuevas dinámicas y modalidades acordes a los cambios detectados en la operativa del delito. Entre las principales modificaciones, se destacan la incorporación de procedimientos estandarizados, pautas claras de actuación y herramientas para que el personal de control fronterizo pueda identificar tanto a víctimas como a tratantes en los movimientos de ingreso y egreso del territorio argentino. El nuevo marco será de aplicación obligatoria para las Fuerzas Federales de Seguridad, lo que incluye a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. La resolución establece que todas estas agencias deberán actuar bajo criterios comunes que contemplen no solo el fortalecimiento operativo y la coordinación interinstitucional, sino también un enfoque basado en los derechos humanos para la asistencia y protección de las personas afectadas.
En lo operativo, el protocolo incluye un anexo de carácter reservado que detalla herramientas y procedimientos específicos. El carácter confidencial de este apartado busca garantizar la eficacia de las medidas y preservar tanto la seguridad de las víctimas como la del personal interviniente. La Resolución también recuerda que la trata de personas “es reconocida oficialmente como un delito complejo, organizado y con alcance intra e internacional”. Además, enfatiza que su prevención “constituye una política de Estado” y que la Argentina ha ratificado tratados internacionales en la materia, lo que refuerza el compromiso del país en la lucha contra este delito. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende fortalecer la capacidad de respuesta en uno de los espacios más sensibles frente a este flagelo: los pasos fronterizos.
