Este miércoles expira el plazo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad restituyan al Estado 537 millones de dólares. De no concretarse el pago, se activará la ejecución de bienes, de acuerdo con el reglamento recientemente modificado por la Corte Suprema de Justicia. La medida busca asegurar que los acusados respondan no solo con penas de prisión e inhabilitación, sino también con la devolución del dinero defraudado.
El caso Vialidad evidenció una maniobra de corrupción que, según la sentencia, involucró el uso del Estado para “beneficio personal” de los acusados. La trama incluyó 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, todas direccionadas a favor de un único conglomerado empresarial de Lázaro Báez, sin experiencia en el rubro. La Justicia determinó que la fuente de financiamiento para estas adjudicaciones fue exclusivamente el erario público. “El fraude ocasionado fue colosal”, señaló la sentencia, estimando el daño al Estado en 85.000 millones de pesos al momento de la condena, firmada en diciembre de 2022. La actualización de ese monto, realizada por peritos tras la confirmación de la sentencia, eleva la cifra a 684.990.350.139,86 pesos.
El juez a cargo de la ejecución, Gorini, advirtió que si Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados no cumplen con el pago, se procederá a la subasta de los bienes embargados hasta cubrir la cifra fijada. “Junto con la intimación del pago, Gorini ordenó ampliar el monto de los embargos sobre los bienes inmuebles ‘que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de 684.990.350.139,86 pesos’”, indicaron fuentes judiciales.
En paralelo, la fortuna de Cristina Kirchner ha sido objeto de debate. Su última declaración jurada reveló un patrimonio de apenas 250 millones de pesos y, desde 2016, no posee bienes inmuebles ni participaciones accionarias de empresas familiares, tras haberlos donado a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Ese patrimonio donado incluye 25 propiedades, tres empresas y depósitos en dólares provenientes de plazos fijos heredados de Néstor Kirchner. Sobre este punto, fuentes judiciales señalan que “para que un bien en materia penal sea susceptible de decomiso, tiene que estar libre de todo gravamen. Si la donación fuera cuestionada, podría tener consecuencias”.
Sin embargo, hay opiniones divididas en Comodoro Py: algunos sostienen que los bienes donados a los hijos “ya no pertenecen a Cristina Kirchner y, por lo tanto, no serían decomisables”. Otros consideran que “al menos el 50% podría ser alcanzable por ejecución, porque se trató de una donación a título gratuito antes de las medidas cautelares, lo que configura un título imperfecto”. El debate sobre la posibilidad de decomisar los bienes donados será, por lo tanto, clave para el avance del proceso de recuperación del dinero defraudado.
