El Gobierno nacional se encamina a oficializar en los próximos días las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para reforzar su política de déficit cero. Entre ellas, se encuentra la resolución que prohibirá al Tesoro financiar el gasto primario a través de la emisión monetaria del Banco Central, junto con el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca penalizar los presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Aunque el mandatario había anticipado que la instrucción al Ministerio de Economía se firmaría este lunes, desde la Casa Rosada evitaron dar precisiones. “Mañana deberían salir publicadas las medidas, pero eso sale por Legal y Técnica. No sé exactamente si justo mañana sale, entiendo que sí”, deslizaron en un despacho oficial, mientras en otra oficina de Gobierno hablaron de “los próximos días”.

La estrategia oficial se sostiene sobre un equilibrio fiscal frágil. En junio, el Ejecutivo acumuló un superávit primario del 0,9%, en línea con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsado por una mayor recaudación frente al gasto. No obstante, el panorama se vuelve más complejo: tras el ajuste de 2024, el gasto público creció un 4,6% en términos reales, mientras que los ingresos se mantuvieron prácticamente estancados debido a la eliminación del Impuesto PAIS, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En su última revisión, el FMI advirtió sobre la presión que genera la fórmula de movilidad jubilatoria y remarcó la necesidad de frenar proyectos del Congreso que pongan en riesgo los compromisos fiscales. Argentina se comprometió a alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 y del 2,2% en 2026, aunque por el incremento de los pagos de intereses de deuda, el organismo prevé un superávit fiscal nulo ese año.

En este escenario, Milei defendió sus vetos recientes a leyes de emergencia en discapacidad, incrementos jubilatorios y moratoria previsional, argumentando que ponían en jaque el orden fiscal. Sin embargo, el Congreso continúa avanzando con iniciativas que incomodan al Ejecutivo. La semana pasada, la oposición consiguió aprobar proyectos vinculados al financiamiento universitario, al respaldo presupuestario del Hospital Garrahan y al rechazo de varios decretos presidenciales, entre ellos los que eliminaban Vialidad Nacional y centralizaban el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, este miércoles los gobernadores impulsarán cambios en la coparticipación de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dictámenes que ya cuentan con media sanción del Senado y que ahora se discutirán en Diputados.

En diálogo con analistas, la lectura predominante es que la ofensiva fiscal del Gobierno tiene un fuerte componente político. “Lo más prolijo es trabajar con un presupuesto aprobado, y la carta orgánica del Banco Central impide la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Si se respeta la ley, no debería haber problema. Es más testimonial el anuncio. Hay como una sobreactuación en cuanto a su compromiso fiscal para mostrar que, si no se logra, no es culpa de ellos, sino del Congreso”, sostuvo Martín Polo, economista jefe de Cohen. La definición de estas medidas y su implementación marcarán el pulso de la relación entre el Ejecutivo, el Parlamento y los gobernadores, en medio de un calendario político que no da tregua y con la lupa puesta en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI.