En medio de la polémica que generan las candidaturas testimoniales en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires, el senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto para sancionar a quienes resulten electos y luego no asuman sus cargos. Para Abad, esta práctica, que cuenta con la defensa de sectores del kirchnerismo, representa “una burla abierta” a los votantes y un claro daño a la democracia.
El proyecto presentado por Abad, acompañado por los también radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, propone una sanción de inhabilitación por cuatro años para postularse a cargos públicos a aquellos candidatos que utilicen este mecanismo. “Es una señal de alarma para la democracia”, advirtió el legislador. En las próximas elecciones bonaerenses, varios funcionarios en ejercicio se postulan a cargos legislativos, pero no tendrían intención de renunciar a sus actuales posiciones, configurando así candidaturas testimoniales que buscan solo atraer votos sin compromiso real de representación.
Esta práctica ha sido defendida públicamente por el gobierno de Axel Kicillof, a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien justificó la estrategia argumentando que “se ha hecho miles de veces”. Fuerza Patria, en particular, recurrió a este recurso en la Tercera Sección Electoral, donde intendentes como Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Gagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui) y Fernando Espinoza (La Matanza) encabezan las listas para concejales sin la intención de asumir. Además, figuras como Mayra Mendoza y Gabriel Katopodis también se postulan a cargos legislativos, pero mantienen sus funciones ejecutivas actuales.
El proyecto de Abad plantea incorporar a la Ley Nacional Electoral un artículo específico para sancionar estas candidaturas bajo el concepto de “Defraudación a los electores”. El artículo 139 bis establece: “Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”. Para Abad, “el sistema democrático no puede seguir tolerando las candidaturas engañosas. Es una estafa al votante y una burla a la voluntad popular. El ciudadano vota para ser representado, no para ser engañado por estrategias de marketing o especulación política”.
