El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, presentó un recurso de queja ante la Cámara Nacional Electoral para impugnar la inclusión de Cristina Kirchner en el padrón electoral de la provincia de Santa Cruz, tras una polémica decisión judicial que abrió la puerta a que la ex presidenta pueda votar pese a su condena firme por corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza subrogante Mariel Borruto fue quien habilitó la incorporación de Kirchner en el padrón en un fallo que desafió expresamente a la Corte Suprema, alegando inconstitucionalidad en la norma que prohíbe votar a condenados por delitos dolosos con pena privativa de la libertad.
La controversia se centra en el artículo 3 del Código Nacional Electoral, que excluye de los padrones a las personas condenadas por delitos dolosos mientras dure la pena. Para el Ministerio Público Fiscal, la inclusión de Cristina Kirchner “viola la ley”, ya que la ex mandataria fue sentenciada por administración fraudulenta y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. “No corresponde que Cristina Kirchner sea incorporada en el padrón electoral tras la confirmación, por parte de la Corte, de la sentencia condenatoria”, afirmó Zárate, quien denunció que el juez Claudio Vázquez rechazó erróneamente su apelación por considerarla extemporánea. Además, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo en otras causas que la exclusión del padrón es procedente ante una condena firme.
Por su parte, la jueza Borruto fundamentó su fallo señalando que la exclusión del padrón “viola derechos fundamentales como el derecho al voto, la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización”. Esta interpretación generó un fuerte rechazo dentro del ámbito judicial y político, y motivó la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la magistrada. Los denunciantes María Eugenia Talerico y Félix Lonigro sostienen que la jueza “demostró un supino e injustificable desconocimiento de la Ley Fundamental y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional” al declarar inconstitucionales normas claras que regulan el ejercicio de derechos políticos conforme a la ley.
Ahora será la Cámara Nacional Electoral la encargada de resolver si la ex presidenta podrá votar en las próximas elecciones nacionales, tras la admisión del recurso presentado por la fiscalía. La decisión marcará un precedente importante en materia de derechos políticos y sentencias firmes, y tendrá un fuerte impacto en el escenario electoral y judicial del país. Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa cumpliendo prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, con la condena firme y el decomiso solidario de 537 millones de dólares.
