La Justicia bonaerense desestimó la hipótesis de conspiración contra el gobierno de Axel Kicillof que había impulsado el Ministerio de Seguridad provincial, y redujo la causa al posible uso indebido de bienes públicos. La denuncia original involucraba a 24 policías, separados preventivamente de la fuerza, por supuestamente colaborar con la candidatura libertaria del excomisario Maximiliano Bondarenko. Sin embargo, el fiscal Álvaro Garganta consideró que “al menos por el momento, no hay argumentos suficientes para una imputación penal” relacionada con un complot, y centró la investigación en el posible uso de computadoras oficiales para tareas proselitistas.

Siete equipos informáticos ya fueron secuestrados y están bajo análisis pericial. Según la denuncia de la Provincia, en al menos tres de ellos se habrían hallado documentos vinculados a actividades políticas con logos de La Libertad Avanza (LLA) y la imagen de un león, símbolo del partido. “Las computadoras dan cuenta de notas con el membrete de LLA donde se habla de cuestiones de seguridad”, detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a AM1270. Y agregó: “En los chats que se aportaron lo que queda claro es que había una relación del superior de la Policía Ecológica (…) en una estructura que estaba subordinada a los lineamientos del candidato”.

La interna política se intensificó cuando el gobierno provincial denunció que algunos efectivos de la Policía Ecológica funcionaban como una “consultora política o célula militante” de LLA, utilizando tiempo y recursos estatales. Alonso insistió en que, aunque la Justicia haya reducido el foco, la Auditoría General de Asuntos Internos “continúa con la investigación” y sigue encontrando elementos que comprometen a los jefes de esa división. Según fuentes de la fuerza, la denuncia original surgió tras un reporte anónimo, y podría implicar a más agentes.

El trasfondo del caso es claramente político: el detonante fue la candidatura de Bondarenko como cabeza de lista de diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral, una región clave para el peronismo, donde también competirá la vicegobernadora Verónica Magario. La causa dio un giro cuando se sumó una contradenuncia de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, contra el propio gobernador Kicillof, por supuesto espionaje, a raíz de la publicación de chats privados entre los agentes.

“No podemos permitir que haya un policía retirado que conduzca al personal policial cuando nos costó tanto reconstruir la cadena de mando”, enfatizó Alonso, redoblando la apuesta a pesar del revés judicial. Aunque la teoría del complot haya perdido fuerza en los tribunales, el conflicto político y las tensiones internas dentro de la Bonaerense prometen nuevos capítulos.