La Justicia Federal ordenó este martes al Gobierno detener el proceso de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dejando en suspenso el decreto 426/2025 que eliminaba la autonomía del organismo y lo convertía en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. La medida fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns, a partir de un recurso presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que logró frenar por seis meses cualquier tipo de despido, traslado o supresión de personal en el organismo.
En su fallo, la magistrada Forns afirmó que “se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, ordenando que el Estado “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto PEN N°426/2025”, que incluía cesantías y reubicaciones en el INTI. Esta resolución se suma a otras similares que ya frenaron recortes en el Banco Nación y en ARCA, generando una fuerte presión judicial para que el Gobierno detenga el plan de ajuste. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “una desviación de poder que ocultaría una disolución, des federalización y vaciamiento del instituto” y reclamó que “se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI”.
El decreto 426/2025 forma parte de una reestructuración más amplia lanzada por el Ejecutivo a principios de julio, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y centralizar la gestión de organismos vinculados a la industria y la agricultura. Junto al INTI, se le quitó autonomía también al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mientras que otros institutos fueron disueltos o transformados. El INTI, que cuenta con un presupuesto anual de 85.000 millones de pesos y alrededor de 2.377 empleados, se dedica a promover la innovación tecnológica en pymes argentinas y mantener una administración propia financiada parcialmente por servicios que presta a la industria.
Desde el sindicato y la asamblea multisectorial de trabajadores advierten que el decreto pone en riesgo al menos 700 empleos y transforma al instituto en una simple oficina técnica sin autonomía para administrar sus fondos. “El decreto elimina la autarquía del organismo y concentra el manejo presupuestario en el Ministerio de Economía”, señalaron, al tiempo que impulsan un pedido para que el Congreso anule la norma en la próxima sesión legislativa. La pulseada entre el Gobierno y los trabajadores del INTI continúa abierta, con la Justicia como actor clave para frenar los intentos de ajuste y reordenamiento administrativo.
