El juicio por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo clave este martes, cuando Argentina debe presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para intentar frenar la orden judicial que la obliga a entregar acciones de la petrolera como parte de pago de una condena de más de 16.100 millones de dólares más intereses. La jueza Loretta Preska había dictaminado en primera instancia a favor de los demandantes, ligados a la polémica expropiación ocurrida en 2012 durante el gobierno kirchnerista.
La defensa argentina busca que la Cámara neoyorkina mantenga en suspenso la ejecución de la transferencia de acciones, algo que logró momentáneamente con una cautelar otorgada la semana pasada. Paralelamente, se encuentra en revisión un recurso para revertir la decisión de Preska y cuestionar si la forma de pago puede ser con las acciones de YPF, donde el Estado controla el 51%. Sin embargo, la resolución definitiva de fondo podría demorarse hasta mediados de 2026. “Puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”, explicó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, en referencia a la incertidumbre temporal del proceso.
Si la Corte acepta la suspensión, la Argentina ganaría un respiro crucial para seguir apelando la sentencia y evitaría el riesgo de desacato, lo que podría perjudicar su posición en los mercados internacionales. En caso contrario, la orden se activaría y el país podría enfrentar consecuencias legales y financieras complejas. En este contexto, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, criticó la intervención del gobierno de Donald Trump, que la semana pasada se presentó como “amicus curiae” para apoyar la suspensión de la entrega de acciones. Según el escrito del Departamento de Justicia estadounidense, obligar a Argentina a constituir una fianza implicaría que se deban localizar activos en Estados Unidos, sujetos a embargo.
No es la primera vez que Estados Unidos interviene en esta disputa. En 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, también se expresó, pero en esa ocasión apoyó la posición contraria a Argentina. Mientras tanto, Burford Capital afirmó que no busca quedarse con YPF, pero insiste en que el país ofrezca garantías para cumplir con el pago. El presidente de YPF, Horacio Marín, aclaró en diálogo con Clarín que el fallo de Preska “no afecta en nada las previsiones para crecer en Vaca Muerta” y subrayó que YPF no es parte del juicio, que enfrenta exclusivamente al Estado argentino.
Así, la batalla legal continúa, con un escenario incierto y un cronograma que puede extender la definición hasta dentro de dos años, mientras el país intenta preservar sus activos y evitar un impacto negativo en su economía internacional.
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