Después de siete meses sin actualizaciones salariales, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento para el personal de casas particulares, que incluye no solo aumentos remunerativos escalonados, sino también el pago de bonos no remunerativos por única vez durante julio, agosto y septiembre. Con este nuevo esquema, el salario mínimo se acerca más a los valores de mercado, aunque sigue por debajo de lo que muchos empleadores pagan de manera informal.
El ajuste acordado contempla una suba total del 6,5% entre febrero y septiembre: un 3,5% sobre el salario base de enero más un 1% en julio, otro 1% en agosto y un último 1% en septiembre. Sin embargo, el aumento es insuficiente para compensar la inflación acumulada, por lo que los gremios estiman una pérdida salarial de alrededor del 15%. “Recomendamos a empleadas y empleadores negociar directamente el valor de la hora, incluyendo la leyenda ‘a cuenta de futuros aumentos’ en los recibos”, advirtieron desde los sindicatos del sector.
En paralelo, se estableció el pago de bonos mensuales no remunerativos que varían según la carga horaria. Para quienes trabajan más de 16 horas semanales, el bono será de $10.000 en julio, $9.500 en agosto y septiembre. Aquellas que trabajan entre 12 y 16 horas recibirán $7.000 en julio y $6.000 los dos meses siguientes. Para quienes tienen una jornada menor a 12 horas semanales, el extra será de $4.000 cada mes. Estos montos deben ser abonados incluso si el salario supera el mínimo establecido.
En cuanto a los nuevos valores, para el mes de julio de 2025, una trabajadora de la quinta categoría (tareas generales) con retiro deberá cobrar $2.992,84 por hora o $367.163 al mes, más el bono correspondiente. En el caso de quienes trabajan sin retiro, el monto mensual asciende a $408.431. En las categorías superiores, los valores por hora oscilan entre $3.229 y $3.954,56, dependiendo de la función y modalidad de contratación.
Esta actualización evidencia una política salarial más liberal, en línea con la lógica del Gobierno de Javier Milei, que busca que el mercado regule la relación laboral entre partes. No obstante, los sindicatos insisten en que estos aumentos todavía no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo perdido y urgen una nueva revisión en octubre, tal como lo establece el acuerdo. Mientras tanto, el sector sigue siendo uno de los más afectados por la informalidad y la falta de equidad en la negociación.
