La fiscal federal Alejandra Mangano rechazó una denuncia penal presentada contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en relación con el fallo que confirmó la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad. En su dictamen, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no existen fundamentos jurídicos ni indicios de delito en el accionar del máximo tribunal, por lo que solicitó al juez Ariel Lijo que desestime la causa.
“Entiendo que el escrito introduce una cuestión que pareciera pertenecer únicamente a una interpretación subjetiva de los letrados, asociada a las circunstancias y consecuencias políticas del fallo, aspectos que exceden los requisitos fácticos mínimos exigidos y no encuentran correlato en el ámbito jurídico penal”, afirmó Mangano en su resolución. Sin el impulso penal del Ministerio Público Fiscal, la denuncia presentada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta no pudo avanzar en la justicia.
El reclamo apuntaba a la posible comisión de delitos como prevaricato y tráfico de influencias en la resolución del 10 de junio que dejó firme la condena de seis años de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner, hallada responsable del delito de administración fraudulenta por la obra pública vial en perjuicio del Estado. Según la sentencia, el daño económico asciende a casi 685 mil millones de pesos, resultado de “gravísimos hechos de corrupción” en 51 procesos licitatorios adjudicados a Lázaro Báez.
La denuncia cuestionaba el supuesto “aceleramiento” del fallo, realizado días después del anuncio público de la candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones bonaerenses, y acusaba a los ministros de “acciones disruptivas” y de “interferencia política” que vulnerarían la división de poderes. Sin embargo, Mangano explicó que la denuncia se basa en “apreciaciones subjetivas” y no identifica normas legales infringidas por los jueces. La fiscal recordó que la Corte es la última instancia de revisión y que una resolución rápida no puede interpretarse automáticamente como una intención perjudicial.
Finalmente, la fiscal sostuvo que no hay base para iniciar una investigación penal “en base a suposiciones, percepciones o elucubraciones motivadas en cuestiones sociales, políticas o ideológicas” y pidió que se archive el caso. De esta forma, el camino judicial continúa firme con la condena ratificada y sin impedimentos para que Cristina Kirchner cumpla la pena dictada en uno de los procesos más relevantes por corrupción en la historia reciente del país.
