Claudia Insaurralde, pareja actual del empresario Lázaro Báez, quedó en la mira de la Justicia Federal luego de un episodio ocurrido en la cárcel de Río Gallegos, donde Báez cumple condena. La situación encendió alarmas cuando personal del Servicio Penitenciario Federal detectó que Insaurralde intentó ingresar documentos a la unidad sin el debido aval judicial. Los papeles, que fueron retenidos por los agentes penitenciarios, motivaron la intervención del fiscal general Diego Luciani, quien solicitó una serie de medidas tras considerar que la maniobra podría estar relacionada con un intento de interferir en el proceso de decomiso de bienes dictado en la causa conocida como “Vialidad”.

El hecho ocurrió el pasado 24 de junio, cuando Insaurralde se presentó en la unidad penitenciaria U15 con una carpeta que, según explicó el personal de guardia, no podía ingresar sin autorización judicial. Al día siguiente, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que, de aquí en adelante, se registre fotográficamente toda la documentación que pretenda ser entregada a Báez, y que los hechos de este tipo sean reportados de manera formal. La defensa de Báez alegó que se trataba de “dos escritos de designación de letrados defensores” que requerían su firma, y que Insaurralde solo había mostrado un poder general de administración otorgado en 2020, con el fin de acreditar su condición de apoderada. Sin embargo, para el fiscal Luciani, las explicaciones fueron “inverosímiles” y “no echaron luz sobre la brumosa y grave situación advertida por los funcionarios penitenciarios”.

El manejo de propiedades por parte de Insaurralde no es un hecho nuevo. Ya en 2021, Norma Calismonte, ex esposa de Báez y madre de sus cuatro hijos, la denunció por administrar fondos y cobrar alquileres por fuera de los circuitos judiciales. Según Calismonte, estas maniobras afectan directamente la causa de división de bienes que tramita en el fuero de familia de Río Gallegos. En ese expediente, el empresario condenado por lavado de dinero y su ex pareja habían alcanzado un acuerdo sobre cómo dividir su patrimonio, valuado en más de $1.600 millones y compuesto por 85 propiedades y participaciones en 21 empresas. Sin embargo, la ejecución del acuerdo quedó trabada a raíz de las medidas de decomiso dictadas por la justicia federal y las denuncias sobre la presunta administración paralela ejercida por Insaurralde.

El Tribunal también ordenó un relevamiento detallado del estado de los bienes que integran el patrimonio de Austral Construcciones, la firma insignia de Báez, actualmente en proceso de quiebra bajo la tutela de la jueza María José Gigy Trynor. El objetivo es identificar con precisión qué activos fueron liquidados y cuáles continúan bajo medidas cautelares. Para la fiscalía, la nueva evidencia sugiere que Báez podría haber realizado maniobras similares en el pasado para resguardar parte de su fortuna, lo que complica aún más el cierre del divorcio y la ejecución del acuerdo patrimonial.