La Justicia de Estados Unidos le propinó un nuevo revés a Argentina en el caso vinculado a la estatización de YPF en 2012. La jueza Loretta Preska, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del país para suspender su fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes, en cumplimiento de una sentencia que ya tiene firmeza. El lunes 14 de julio era la fecha límite para que Argentina depositara esos papeles en custodia en un banco de Nueva York, pero el país no pudo suspender la orden judicial.

“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York”, explicó Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors que sigue de cerca la causa. Ahora, la Argentina tiene prevista una reunión con los beneficiarios del fallo en Nueva York para “discutir los pasos a seguir”, añadió Maril. Además, recordó que “la semana pasada, el país presentó un pedido de emergencia a la Corte de Apelaciones para que otorgue a la Argentina el beneficio que Preska hoy no otorgó”. La jueza había dado un plazo hasta el 17 de julio para la entrega definitiva de las acciones, y de no cumplirse podría iniciarse un proceso por desacato, lo que complicaría aún más la situación del gobierno de Javier Milei.

El país no esperó la decisión definitiva sobre la suspensión y ya inició formalmente el proceso de apelación a la orden judicial. Por su parte, el fondo Burford, principal demandante en el caso, se opuso a la suspensión del fallo argumentando que esa medida pondría en riesgo sus derechos y permitiría que Argentina siga retrasando el cumplimiento. Burford, que controla derechos sobre un 70% de las acciones objeto de la demanda a través de su subsidiaria Prospect Investments, afirmó que el Estado no cumplió con las garantías previas exigidas, como depositar las acciones en custodia judicial, y que ya gozó de indulgencias para cumplir con la orden.

En paralelo, otro fondo, Bainbridge, también rechazó la solicitud argentina de suspender el fallo, a pesar de no estar directamente involucrado en esta causa. Mientras tanto, el Gobierno nacional dejó en claro que apelará la decisión hasta la última instancia y rechazó la posibilidad de negociar una quita con Burford, aunque el fondo mostró disposición para un acuerdo extrajudicial.

El fallo original de Preska condena a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares en concepto de indemnización por la estatización irregular, suma a la que se añaden intereses por 1.650 millones acumulados hasta la fecha, equivalentes a aproximadamente 3 millones de dólares diarios. La disputa legal sigue abierta y con gran impacto político y económico para el país.