La reciente aprobación en el Senado de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que incluye el financiamiento del aumento a jubilados, despertó una fuerte reacción en el sector financiero y productivo del país. El motivo: la eliminación de las exenciones impositivas a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un mecanismo que durante años funcionó como puente clave para que pequeñas y medianas empresas accedan al crédito formal. La medida, que busca recaudar fondos para cubrir el incremento previsional, podría tener un efecto adverso sobre el ya limitado financiamiento productivo.
Las bolsas de comercio provinciales, junto al Mercado Argentino de Valores y BYMA, emitieron un duro comunicado conjunto en el que expresaron “su profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)”, al tiempo que calificaron la decisión como un “golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil”.
Según datos del sector, las SGR otorgaron respaldo financiero a más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, movilizando alrededor de 3,8 billones de pesos en créditos productivos. Desde el ecosistema financiero remarcaron que la decisión “aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las PyME” y destruye un modelo público-privado que lleva años de funcionamiento y ha demostrado ser eficiente, sostenible y con impacto positivo en la recaudación tributaria.
El comunicado advierte que el ahorro fiscal obtenido por el recorte es mínimo. “El ahorro fiscal de esta decisión es marginal -apenas el 0,02% del PBI- frente a los beneficios que genera este sistema”, señalaron, y cuestionaron que la medida fue aprobada “sin debate ni consultas”, lo que consideran un retroceso que podría “generar daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”.
También remarcaron que el crédito productivo en Argentina representa solo el 11% del PBI, una cifra muy por debajo de la que muestran países con los que el país compite. “Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal”, indicaron las compañías.
El reclamo se amplificó rápidamente en redes sociales. Javier Bolzico, presidente de ADEBA, expresó: “Las SGR juegan un rol relevante en la recuperación del crédito. Los recientes cambios del Congreso no tienen fundamentos económicos y afecta el acceso al crédito a miles de empresas”. Y agregó: “Era prácticamente una política de Estado que se mantuvo durante años. Debe subsanarse”.
El presidente Javier Milei también se pronunció sobre el tema con su habitual tono confrontativo hacia el Poder Legislativo: “CADA COSA QUE TOCA LA POLÍTICA ROMPE TODO… Fin”, escribió en su cuenta de X, sumándose al rechazo por una medida que, aunque busca sostener el sistema previsional, amenaza con dejar sin oxígeno a una pieza clave de la economía real.