El expresidente Alberto Fernández fue procesado por primera vez en una causa por corrupción, acusado de beneficiar a un grupo empresario vinculado a su círculo íntimo a través de maniobras irregulares con pólizas de seguros del Estado. La resolución judicial, de más de 400 páginas, fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también procesó a Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y broker de seguros, y a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria privada del exmandatario. En el fallo, el magistrado sostuvo que existía entre los tres una “amistad pública con flujo económico” y que “eran una unidad” que actuaba en beneficio mutuo.
Según la investigación, durante el gobierno de Fernández se produjo un “direccionamiento indebido” en la contratación de seguros estatales, lo que permitió que los intermediarios vinculados a Martínez Sosa y su entorno percibieran más del 87% de las comisiones abonadas por Nación Seguros. De ese total, el propio Martínez Sosa quedó vinculado a operaciones que alcanzaron los 2.297 millones de pesos, lo que equivale al 68,3% del universo de comisiones investigado. El juez subrayó que al momento de asumir la presidencia, Fernández ya arrastraba “un evidente conflicto de interés” con el matrimonio Cantero-Martínez Sosa, por su rol en el negocio asegurador.
El fallo se apoya en múltiples pruebas, incluidas conversaciones de WhatsApp, registros contables y declaraciones que dan cuenta de una relación de dependencia económica entre Fernández y sus allegados. “La amistad pública se exteriorizaba en la familiaridad, los favores personales, el uso de bienes, el flujo de dinero y servicios prestados”, señaló Casanello. Entre 2010 y 2019, Fernández facturó mensualmente a la firma de Martínez Sosa por servicios jurídicos, acumulando ingresos por más de cinco millones de pesos, siendo esa empresa su principal cliente. Además, Cantero también emitió facturas a nombre del expresidente por montos menores en 2016.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aportó un informe clave que permitió reconstruir la trama financiera. Se detectaron pagos, préstamos, regalos y hasta el uso compartido de empleados entre las partes. En uno de los intercambios citados en la causa, una conversación entre Cantero y Fernández dejó en evidencia la cercanía personal: “25 años te cuidé para esto?”, le escribió Cantero tras el anuncio de su candidatura presidencial en 2019. El juez concluyó que la relación entre el exmandatario y sus socios iba más allá de lo personal y “se consolidó como una comunidad de intereses económicos que prosperó durante su mandato”.
Casanello aclaró que el vínculo previo no es materia de delito en sí mismo, pero su reconstrucción fue clave para entender cómo se administró ese conflicto de interés una vez en el poder. Durante la gestión presidencial, el negocio del grupo se expandió notablemente. “Fernández, al parecer, ayudaba a ampliar los negocios del grupo a través del aumento de las contrataciones públicas en el mundo de los seguros -o, en su caso, mantenerlas”, sostuvo el juez. Con este fallo, el expresidente queda formalmente procesado en una causa por corrupción, acusado de abuso de autoridad y administración fraudulenta.
