Mediante el Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió extender la intervención sobre la empresa estatal Corredores Viales S.A., con el objetivo de completar su proceso de privatización y posterior disolución. La medida busca dar continuidad a lo dispuesto en la Ley Bases y el Decreto 97/2025, que habilitan la transferencia de la concesión de rutas y autopistas nacionales al sector privado bajo la modalidad de obra pública con peaje.
El decreto establece que “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto”, entre ellas la renegociación de contratos, la implementación de mejoras y la garantía de una transición ordenada hacia la privatización. “La complejidad de estos asuntos exige para su resolución de un plazo mayor al período que fuera inicialmente estimado para la intervención”, señala la norma, que justifica la prórroga en la necesidad de contar con tiempo suficiente para “las tareas fundamentales para la transición hacia la privatización y posterior disolución y liquidación”.
La interventora Anastasia María de los Ángeles Adem continuará al frente del proceso. Entre sus funciones se incluyen la realización de auditorías técnicas y de gestión, el análisis financiero y organizativo de la empresa, y la elaboración de un plan de reformulación para presentar ante el Ministerio de Economía. El decreto detalla que durante la intervención “se determinó la existencia de falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”.
A partir de este diagnóstico, se iniciaron acciones correctivas en múltiples áreas. “Se llevaron a cabo, entre otras acciones, la aprobación de un nuevo organigrama de la sociedad, de normas y procedimientos, reglamentos de compras y contrataciones y pliegos de bases y condiciones generales para una gestión eficaz y transparente del organismo”, señala el texto oficial. También se constituyó un Comité de Inversiones y se avanzó en la regularización del área legal.
Como parte del proceso de traspaso al sector privado, la Secretaría de Transporte lanzó en junio un llamado a licitación para la construcción, operación y mantenimiento de dos tramos del exCorredor Vial 18, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Según la cartera de Transporte, se trata de una obra “completamente privada, sin subsidios”, y representa el inicio de una etapa en la que el mantenimiento de la infraestructura vial nacional estará a cargo del capital privado.
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