Los gobiernos de Santiago Peña, en Paraguay, y Javier Milei, en Argentina, lograron poner una pausa a la primera tensión bilateral tras suspender temporalmente una medida de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que prohibía el trasbordo de combustible a las barcazas paraguayas sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. La resolución, que había generado enojo en Asunción por considerarse “unilateral y arbitraria”, fue revertida para evitar un impacto negativo en el abastecimiento de combustible en el país vecino. Así lo confirmó Oscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, quien informó que se llegó a un “acuerdo con Argentina” para extender la operativa en el kilómetro 171 por un plazo de diez meses, noticia ratificada posteriormente por el gobierno argentino.

La controversia comenzó cuando ARCA comunicó que suspendía por 30 días las operaciones de trasbordo en ese tramo de la Hidrovía, argumentando que las actividades carecían de habilitación portuaria conforme a la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093. Esta decisión afectó directamente a los principales centros empresariales paraguayos, como la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), que solicitó la intervención del gobierno de Peña para frenar la medida. En diálogo con Clarín, Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores de Paraguay, calificó la suspensión como una amenaza que “podría generar un desabastecimiento estructural de combustibles”. Además, alertó sobre las consecuencias logísticas, con un aumento de más de ocho días en los tiempos de reposición y un sobrecosto de hasta el 70% en la logística fluvial, además de mayores riesgos operativos y ambientales.

La operativa en el kilómetro 171 está vigente desde principios de los años ochenta, bajo la ordenanza marítima y la supervisión de la Prefectura Naval Argentina, con control aduanero correspondiente. En un marco de diálogo bilateral, Orué destacó la necesidad de que futuras revisiones se realicen con “participación de todos los actores involucrados” y en base a criterios técnicos, buscando mejorar la seguridad, reducir costos y tiempos, y mitigar impactos ambientales. La resolución del conflicto, que se había enredado con las disputas por el peaje en dólares en la Hidrovía durante la gestión de Alberto Fernández, fue una muestra del acercamiento entre los mandatarios Peña y Milei, los únicos aliados políticos en la región, que lograron negociar una salida pragmática y ganar tiempo para continuar las conversaciones técnicas.