La Cámara Federal de San Martín resolvió este lunes conceder la excarcelación a Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense que estaba cumpliendo prisión domiciliaria tras ser acusada de arrojar excremento en la vereda de la casa del diputado libertario José Luis Espert. Abaigar había sido detenida el 27 de junio por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y estuvo primero alojada en una alcaldía, luego en el penal de Ezeiza, hasta que el viernes pasado se le concedió prisión domiciliaria bajo control con tobillera electrónica. La reciente decisión judicial revoca la orden inicial de detención y la deja en libertad, tras un recurso de apelación presentado por su defensa.

El tribunal integrado por Néstor Barral, Alberto Lugones y Pablo Flores fundamentó la excarcelación señalando que la condición de funcionaria pública de Abaigar no representa un riesgo de fuga para la causa. Además, valoraron que la acusada entregó voluntariamente la clave de desbloqueo de su celular y computadora, facilitando la investigación. “No se advierten diligencias probatorias que podrían frustrarse con la liberación” y no se identifica “causa razonable y concreta” para mantenerla detenida, indicaron en el fallo al que accedió Clarín. El abogado defensor, Daniel Llermanos, criticó duramente a Arroyo Salgado por ordenar el traslado a Ezeiza sin contemplar problemas de salud y por lo que definió como “un cúmulo de errores” en el proceso.

Abaigar fue la primera detenida por el acto vandálico frente a la vivienda del diputado Espert, y su detención se produjo junto a otras personas vinculadas, como su madre Eva Pietravallo y Daniel Protti, quienes fueron liberados tras declarar. El caso generó además la detención de otros tres acusados: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes recuperaron la libertad bajo fianzas y restricciones, quedando como única persona privada de libertad la concejala de Quilmes, Eva Mieri. Esta última fue trasladada al penal de Ezeiza y es señalada por la investigación como vinculada a uno de los vehículos involucrados en el hecho, mientras que otro vehículo pertenece a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes.

La jueza Arroyo Salgado fijó para Díaz Bianchi una fianza de 15 millones de pesos y le impuso restricciones de acercamiento y comparecencia semanal. Muzzio debe afrontar una caución de 5 millones y cumplir similares prohibiciones de acercamiento y salida del país. Díaz Bianchi, de 22 años, trabaja en el Hospital Cetrángolo; Muzzio, de 45, es empleada del PAMI, y Montes, de 24 años, milita en La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner. Mientras tanto, la causa sigue abierta y la Cámara Federal decidirá próximamente sobre otras apelaciones relacionadas con el caso.