El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, presentó un duro dictamen en el que cuestiona el régimen de arresto domiciliario concedido a Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. En el documento, los fiscales denuncian una “indefinición judicial” que la defensa de la expresidenta estaría usando para “emitir constantes afrentas contra los propios jueces y magistrados” y para incentivar manifestaciones violentas en torno a su domicilio. La apelación se analizará la próxima semana en la Cámara Federal de Casación Penal, tras la autorización del juez Jorge Gorini para revisar el caso.
Los fiscales insisten en que Cristina Kirchner está en condiciones de cumplir la condena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, y que allí se podría aplicar “exactamente el mismo régimen de visitas” que le impuso el tribunal en su domicilio de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, sostienen que la modalidad actual, que delega a la propia condenada la definición de las reglas del arresto, genera un régimen “con amplios márgenes de indefinición” y una situación irregular. “La señora Fernández y su defensa no han hecho más que aprovechar a diario ese margen para desafiar a la justicia”, alertan los fiscales, que también critican la concentración de manifestantes y expresiones violentas alrededor del domicilio.
El dictamen plantea además una serie de preguntas críticas sobre la efectividad y la seguridad del régimen domiciliario. Cuestionan la posibilidad real de reinserción social y el mantenimiento de la convivencia pacífica en el barrio, y advierten sobre los “tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas incluso por la propia persona condenada”. Se preguntan qué sucederá si Cristina incumple las reglas impuestas y por qué el tribunal desestimó un pedido para que el Ministerio de Seguridad evaluara la seguridad del domicilio. En conclusión, los fiscales consideran que “la prisión domiciliaria concedida en la calle San José es un desatino más de los tantos desaciertos” cometidos por el tribunal desde que la Corte Suprema confirmó la condena y reclaman que la exmandataria cumpla la pena “intramuros” en una cárcel federal para garantizar el respeto a la ley y la tranquilidad del vecindario.
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