El Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, oficializó la restitución del Registro Nacional de Armas (RENAR), que reemplaza a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La medida se plasmó en el Decreto 445/2025, mediante el cual se establece que el RENAR funcionará como un organismo desconcentrado, dejando de depender directamente del Ministerio de Seguridad Nacional. Este cambio forma parte de la reestructuración impulsada por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que prevé modificaciones profundas en la regulación de armas y materiales controlados.

La nueva disposición indica que el RENAR mantendrá las funciones que hasta ahora ejercía la ANMaC, entre ellas la fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429, el control de materiales regulados y la implementación de políticas orientadas a prevenir el uso violento de armas de fuego. Sin embargo, el decreto también elimina el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que financiaba campañas preventivas, indicando que dichos recursos serán absorbidos directamente por el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich.

En los fundamentos del decreto, las autoridades explicaron que la transformación busca “optimizar el funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales”, manteniendo “la especialidad técnica del organismo para la administración de bases de datos sensibles y su rol regulador y de control”. Además, remarcaron que uno de los objetivos es “la reducción del gasto público”, dado que el nuevo régimen absorberá los costos dentro del Ministerio, eliminando estructuras y fondos independientes.

En línea con esta política, días atrás el Gobierno simplificó los trámites vinculados a la tenencia y registro de armas. A través de una resolución firmada por Juan Pablo Allan, director de la ANMaC, se eliminó la obligación de reinscripción anual y el pago de tasas para los usuarios legítimos comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. Esto implica que fabricantes de armas civiles, talleres de armado y reparación de blindados, recargadores de munición y similares, ya no deberán realizar renovaciones anuales si no cuentan con novedades para declarar, lo que representa una reducción en la burocracia y costos para ese sector.

Estas medidas forman parte del paquete de reformas que el Gobierno de Milei está implementando para desburocratizar y disminuir gastos en el sistema de control de armas, mientras mantiene bajo su órbita la supervisión técnica y la política de prevención en materia de seguridad.