La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández continúa su curso judicial con la reciente notificación a la defensa de Fabiola Yañez, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Gastón Marano, sobre el planteo del fiscal federal Ramiro González para clausurar la investigación y avanzar hacia el juicio oral. El Ministerio Público Fiscal sostiene que de los nueve hechos inicialmente denunciados, tres lograron ser corroborados, con imputaciones por lesiones leves y graves agravadas por vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas. Sin embargo, la defensa anticipó que su respuesta elevará la acusación al argumentar que “los hechos corroborados son más de tres” y que la expectativa de pena para Fernández oscila entre un mínimo de cuatro a seis años y un máximo de doce años de prisión.
Según el fiscal González, durante la instrucción “se produjeron las medidas de prueba pertinentes para corroborar o descartar las hipótesis delictivas” y se cumplieron las diligencias solicitadas tanto por la defensa como por la querella. Por el contrario, se descartaron aquellas pruebas consideradas “inconducentes” o vinculadas a aspectos que podrían analizarse en etapas posteriores del proceso. Con base en este análisis, la fiscalía considera que la investigación está lista para ser cerrada y pide elevar la causa a juicio, dejando abierta la posibilidad de admitir algunas pruebas adicionales durante el debate oral.
El eje central de la acusación contra Fernández se basa en la violencia de género ejercida contra Yañez “en un contexto de relación asimétrica de poder, desde 2016 hasta agosto de 2024”, en el que el exmandatario habría ejercido “violencia psicológica habitual y continua”, manifestada en “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, ninguneos y hostilidad”. La defensa, sin embargo, no solo confirma la gravedad de los hechos sino que busca que se reconozca la extensión de las conductas corroboradas, apuntando a que la pena a aplicar debería contemplar hasta 12 años de prisión para Fernández.
Finalmente, el proceso continuará con la presentación de la respuesta formal de la defensa de Yañez y el posterior requerimiento de elevación a juicio. Será en esa etapa donde la fiscalía y la querella presenten formalmente su pedido de pena, y donde el tribunal evaluador tendrá la última palabra para definir la sanción correspondiente. Así, la causa por violencia de género contra un expresidente argentino entra en una fase decisiva que podría marcar un precedente histórico en la justicia nacional.
