A pocas horas de que finalice el régimen de baja temporal en las retenciones, las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace volvieron a manifestar su rechazo a este impuesto, al que definieron como “distorsivo, anacrónico y perjudicial”. En un comunicado conjunto, exigieron su eliminación definitiva, al considerar que afecta directamente el desarrollo del campo y retrasa el crecimiento federal del país.

“La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida”, afirmaron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA). El comunicado advierte que las retenciones no solo han impedido inversiones clave, sino que también generaron un atraso “social, tecnológico y productivo”, a pesar de los esfuerzos de los productores. Además, cuestionaron con dureza la falta de previsibilidad: “No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”.

El malestar del sector se intensificó tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto que prorrogó la baja temporal de retenciones solo para trigo y cebada hasta marzo de 2026. Para el resto de los cultivos, sin embargo, volverán a regir las alícuotas anteriores: 33% para la soja (desde el 26% actual), 12% para el maíz y el sorgo (desde 9,5%), y 7% para el girasol (desde 5,5%).

El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, fue contundente al expresar su disconformidad con la decisión oficial. “Las retenciones son y serán un robo con cualquier gobierno”, declaró. También cuestionó directamente al presidente Javier Milei por no cumplir su promesa de eliminar los derechos de exportación al agro. “Dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que las bajó parcialmente y ahora posterga la baja”, remarcó. Según Kovarsky, el campo ha demostrado paciencia, pero “el bolsillo ya no aguanta más”.

En paralelo, y como consecuencia del inminente aumento de las alícuotas, se aceleraron las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Desde el 27 de enero se declararon más de 45 millones de toneladas para exportación, de las cuales 20,3 millones corresponden a maíz y 17,8 millones a subproductos de soja, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Solo en la última jornada se anotaron más de 1,4 millones de toneladas, en una carrera contrarreloj de los exportadores para anticiparse al nuevo esquema tributario.

Fuentes del sector agroindustrial anticipan que la liquidación de divisas correspondiente a junio rondará los 3.000 millones de dólares, cifra similar a la de mayo. En total, hasta ese mes, el ingreso acumulado superaba los 12.000 millones. El reclamo del campo, sin embargo, parece lejos de encontrar respuesta. “El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”, concluyeron las entidades.