El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) concedió la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner tras considerar que su detención en una unidad penitenciaria implicaría riesgos para su integridad física, y que su edad, su estado de salud y su rol como ex presidenta obligan al Estado a garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fue emitida en medio de duras críticas a la estrategia de la defensa y con el anticipo de una inminente apelación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El tribunal desestimó los planteos del abogado Carlos Beraldi, quien había afirmado que existía una amenaza concreta sobre la seguridad de la ex presidenta en caso de quedar bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal, debido al vínculo entre el diputado del PRO Gerardo Milman y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Los defensores parecieran olvidar que la custodia de la ex mandataria ya está a cargo de la Policía Federal, que también depende del mismo ministerio”, indicaron los jueces, y recordaron que el accionar de esa custodia durante el atentado del 1º de septiembre de 2022 fue “ineficiente y poco profesional”.

Uno de los principales argumentos del TOF 2 fue que, si se ordenara su encarcelamiento, el Estado debería aislarla de otros internos para preservar su seguridad, lo cual, según señalaron, “resulta incompatible con los fines de la ejecución de la pena y con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos”. En este sentido, citaron el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mandela de la ONU, que prohíben el aislamiento prolongado como práctica habitual.

El informe socioambiental elaborado por la Justicia fue clave en la decisión. Allí se concluyó que el departamento de la calle San José 1111, donde reside la ex presidenta desde 2022, es adecuado para cumplir una eventual prisión domiciliaria. Además, se detalló que Cristina Kirchner, de 72 años, “goza de buen estado general de salud”, tiene cobertura médica (OSDE 510) y toma medicación por problemas auditivos y de tiroides. En cuanto a su situación económica, se consignó que “no posee ingresos regulares previsionales” y que está en juicio con ANSES por la pérdida de su doble pensión. Actualmente solventa sus gastos con ahorros y declaró un patrimonio superior a los 250 millones de pesos.

El fallo también rechaza un pedido de la defensa para que no se le coloque tobillera electrónica, por considerarlo “incompatible con el principio de igualdad ante la ley”. Asimismo, señala que el cumplimiento de la edad prevista en el Código Penal para acceder al arresto domiciliario no opera de manera automática, sino que debe analizarse en el contexto general de cada caso. En este, “la combinación del riesgo derivado del atentado sufrido, la dificultad de garantizar su seguridad sin incurrir en medidas extremas como el aislamiento prolongado, y su avanzada edad, justifican la concesión de la prisión domiciliaria”.

Mientras los fiscales preparan la apelación que deberá ser evaluada por la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales de Comodoro Py se teme que los otros ocho condenados en la causa Vialidad pidan ahora el mismo beneficio, lo que podría abrir un nuevo frente judicial para el caso que condenó por corrupción a la ex presidenta.