El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) prorrogó por 60 días el análisis sobre la entrada en vigencia de las condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos provenientes de animales susceptibles a la fiebre aftosa, provenientes de zonas libres con vacunación hacia zonas libres sin vacunación dentro del territorio argentino. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 419/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y amplía el plazo dispuesto previamente por la Resolución N° 186/2025, que ya había otorgado una primera prórroga de 90 días tras la polémica publicación de la Resolución N° 180/2025 en marzo pasado.
La normativa original establece las condiciones sanitarias para el tránsito interno de productos de origen animal entre regiones con diferente estatus sanitario respecto a la fiebre aftosa, ambos reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esta disposición generó un amplio debate y preocupación, especialmente en las provincias patagónicas, donde la circulación de productos entre zonas con y sin vacunación genera inquietud sobre posibles riesgos para mantener la condición sanitaria de la región. En respuesta a estos reclamos, SENASA convocó a una Mesa de Diálogo y Trabajo, integrada por representantes de los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además de Buenos Aires y entidades del sector agropecuario.
Desde entonces, se vienen desarrollando mesas técnicas con el objetivo de consensuar criterios, evaluar los riesgos sanitarios y garantizar la protección de las zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación, especialmente las ubicadas en el sur del país. Esta prórroga de 60 días permitirá profundizar el análisis y avanzar en acuerdos que contemplen la seguridad sanitaria, la producción y el comercio, asegurando que cualquier decisión futura contemple tanto la protección del estatus sanitario como las necesidades del sector agropecuario nacional. La medida refleja la intención del Estado de buscar soluciones técnicas y consensuadas antes de implementar cambios que puedan afectar el desarrollo y la sanidad de la producción animal en Argentina.
