“Señores jueces, es el momento, es corrupción o justicia”, había declarado el fiscal Diego Luciani durante los alegatos en 2022, en un caso que derivó en una histórica condena para Cristina Fernández de Kirchner. El 6 de febrero de ese año, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictó sentencia y condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión efectiva, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos. Este martes, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la condena pasó a ser de cumplimiento efectivo.
Pero junto a la pena privativa de la libertad, se suma una condena económica: la ex presidenta y otros ocho condenados deberán devolver al Estado nacional más de 85.000 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente 502 millones de dólares, considerando la actualización y la tasa activa del Banco Nación. Según la resolución, el TOF 2 será el encargado en las próximas semanas de fijar el monto definitivo para el decomiso, que deberá ser abonado solidariamente por los imputados. Además de Cristina Kirchner, figuran en esta devolución Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Los fundamentos de la condena explicaron que mediante 51 licitaciones públicas para obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, se llevó a cabo una “extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó “los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Estas licitaciones fueron sistemáticamente adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, cuya expansión económica estuvo “directamente asociada con la asignación de obra pública vial”. El tribunal subrayó que ex funcionarios nacionales y provinciales “operaron al margen del interés público”, configurando “una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal” para consumar el delito, con el beneficio final no sólo para Báez sino también para Cristina Kirchner y sus empresas familiares. La sentencia remarcó irregularidades como licitaciones amañadas, pagos por obras no ejecutadas, sobrecostos y la omisión de controles.
Ahora, el juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, inició el procedimiento para el recupero del dinero, que incluye el armado de legajos patrimoniales de los condenados para actualizar el monto a decomisar y comenzar con su recuperación. En el caso de Cristina, su última declaración patrimonial señala bienes por 250 millones de pesos, con propiedades cedidas a sus hijos desde 2016, conservando sólo usufructos de residencias familiares.
Además del decomiso, la condena incluye multas que, si no son pagadas, pueden ejecutarse sobre bienes embargados o incluso convertirse en días de prisión. La justicia también avanza en la demanda civil por daños y perjuicios, que originalmente reclamaba 22.300 millones de pesos por obras inconclusas y sobreprecios en contratos viales, cifra que se actualizará para equipararse al monto de la condena penal. Este reclamo civil, iniciado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, no fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, pero sí retomado por la administración de Javier Milei.
Con la firmeza de esta condena y la orden de decomiso histórico, la justicia federal comienza una etapa clave para resarcir al Estado de una de las mayores maniobras de corrupción descubiertas en la historia reciente del país.
