En una jornada atravesada por tensiones políticas, la oposición en la Cámara de Diputados consiguió el quórum necesario para iniciar la sesión y avanzar con proyectos clave vinculados a mejoras previsionales, la declaración de emergencia en discapacidad y la crítica situación del Hospital Garrahan. Pese a las maniobras del oficialismo para frustrar el debate y las advertencias del presidente de la Cámara, Martín Menem, sobre el impacto fiscal de las iniciativas, 131 legisladores se sentaron en sus bancas, superando por dos el mínimo requerido.
La sesión, que había fracasado hace dos semanas por falta de quórum, debió dejar afuera las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) por desacuerdos internos entre los bloques convocantes. Sin embargo, se incorporó el tema del Hospital Garrahan, cuya crisis generó consenso para incluirlo en el temario. La oposición mostró una mayor capacidad de articulación y logró disminuir las ausencias internas: en Unión por la Patria, por ejemplo, bajaron de ocho a cuatro los diputados ausentes respecto de la sesión anterior.
El panorama político dentro del recinto mostró algunos movimientos clave. La Libertad Avanza, el PRO y la mayoría del radicalismo se mantuvieron al margen del quórum, aunque esta vez más diputados de la UCR decidieron desmarcarse del bloque liderado por Rodrigo De Loredo. Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta aportaron con su presencia; en la sesión anterior solo Cobos había estado. También se sumaron los cordobeses Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, de Encuentro Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora. La diputada de izquierda Vilma Ripoll, ausente en la última sesión por motivos de salud, también estuvo presente.
Desde sus redes sociales, Martín Menem criticó la convocatoria: “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”. Según advirtió, los proyectos en debate implicarían un gasto adicional de más de 12.000 millones de dólares, equivalentes al 1,8% del PBI.
Entre los proyectos previsionales se destacan tres ejes: una recomposición del 7,2% a las jubilaciones, el aumento del bono actual de $70.000 a al menos $100.000, y una nueva fórmula para reemplazar la moratoria previsional vencida en marzo. En cuanto a discapacidad, se debatieron cuatro propuestas, siendo la de mayoría la que declara la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo, según el texto, es “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
Si bien el PRO, la UCR y Democracia para Siempre presentaron proyectos alternativos sobre discapacidad, las principales diferencias entre ellos radican en el impacto fiscal. Por ahora, la oposición avanza con su agenda, sorteando las resistencias del oficialismo y dejando en evidencia que los acuerdos puntuales aún son posibles en un Congreso marcado por la fragmentación.
