El conflicto por la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN) se agudiza y amenaza con consecuencias económicas para el país. A pesar de que el peronismo tenía todo listo para avanzar con los nombramientos, una orden directa de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, paralizó la sesión en Diputados. La funcionaria objetó especialmente la candidatura del exdiputado Emilio Monzó, postulado por los espacios federales con apoyo de Sergio Massa, lo que generó tensiones dentro del Congreso y volvió a empantanar la renovación del organismo de control, que lleva más de dos meses acéfalo.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, advirtió sobre la gravedad del estancamiento institucional. “La falta de designación de los auditores tiene un impacto muy fuerte”, alertó, al tiempo que remarcó que la acefalía no solo impide el cumplimiento del control de las cuentas públicas, sino que también podría demorar desembolsos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, FONPLATA y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que exigen auditorías para continuar los pagos. Empresas privadas, además, comenzaron a contratar auditorías externas para cubrir el vacío técnico-legislativo.
La parálisis también reactivó una discusión estructural pendiente desde hace más de 30 años. El artículo 85 de la Constitución Nacional, que estableció la creación de la AGN tras la reforma de 1994, aún no fue reglamentado por una ley que determine su funcionamiento. Actualmente, el organismo continúa regido por la ley 24.156 de 1992, diseñada para el extinto Tribunal de Cuentas. Carla Pitiot, exdiputada y vicepresidenta de la Fundación Éforo, señaló que “la legislación vigente no contempla las funciones actuales de la AGN ni establece un mecanismo claro de selección de los auditores”. En ese sentido, distintos actores reclaman una nueva ley que haga vinculantes los informes, fije plazos concretos y fortalezca el vínculo con la comisión Revisora de Cuentas.
En medio de este panorama, el presidente de Diputados, Martín Menem, propuso una reforma que va en contra de la Constitución: que el Senado ceda una silla en la AGN a Diputados a cambio de elegir al titular del organismo. La iniciativa generó rechazo inmediato. “Es una propuesta exótica, por no llamarla absurda”, criticó el senador Juan Carlos Romero. Desde el oficialismo, la diputada Soledad Carrizo negó cualquier intención de boicot: “Lo que plantea el Gobierno es una ampliación de la representatividad en sintonía con el escenario político actual”, justificó.
Mientras tanto, el malestar crece en los organismos de control. Esta semana, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) marchó al Congreso. “Las demoras en las designaciones y la falta de presupuesto ponen en jaque el control técnico-legislativo que exige la Constitución”, advirtieron sus dirigentes Hugo Quintana y Miguel Giménez. La crisis de la AGN se instala así como una bomba de tiempo institucional, con efectos que podrían sentirse no solo en la transparencia estatal, sino también en la economía nacional.
