El Gobierno argentino expresó su firme rechazo a la decisión de la Unión Europea (UE) de no considerar al país como una nación de “riesgo bajo” en el marco del Reglamento Europeo contra la Deforestación. Mediante un comunicado oficial, las autoridades nacionales argumentaron que la evaluación resulta “injustificada” y destacaron que el país cumple con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 de la normativa. “En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han venido trabajando en forma conjunta y constructiva con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del Reglamento”, detalló la Secretaría de Agricultura.
Según explicaron desde el Ejecutivo, se entregó un informe técnico a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, con información actualizada sobre las cadenas productivas de soja, carne bovina y sector forestal, los tres principales rubros afectados por la nueva reglamentación. En ese documento se aportaron datos concretos que, según el Gobierno, respaldan la clasificación de la Argentina como país de “riesgo bajo” de deforestación. Sin embargo, la evaluación oficial de Bruselas no contempló ni esos elementos ni los compromisos asumidos en materia ambiental como parte del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, anunciado en diciembre de 2024.
En respuesta, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, elevaron una nota formal a la Comisaria de Medio Ambiente de la UE para solicitar la reconsideración de la decisión antes del 31 de diciembre de 2025, fecha en que comenzará a regir la norma. Asimismo, se pidió la apertura de un diálogo bilateral para discutir aspectos prácticos de su implementación. “La República Argentina reitera que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, expresaron.
Desde el sector privado también hubo críticas. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) consideraron que la calificación es “injustificada” y aseguraron que “estudios recientes demuestran que el riesgo de deforestación en nuestro país es despreciable”. Ambas entidades confirmaron que continuarán trabajando con todos los eslabones de la cadena de valor de la soja para que la Argentina obtenga la categoría de “riesgo bajo”, lo cual permitiría mantener la fluidez en las exportaciones hacia el mercado europeo.
