La causa que investiga una presunta red de recaudación ilegal de fondos públicos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires entró en su etapa final. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, elevó a juicio oral el expediente que involucra a Julio “Chocolate” Rigau, a los dirigentes del Frente Renovador Claudio y Facundo Albini, y a 43 presuntos empleados legislativos que habrían participado en un esquema de sueldos irregulares. Según la acusación, se habría montado una estructura para extraer dinero de contratos ficticios con tarjetas de débito utilizadas por Rigau, un histórico puntero del PJ platense.
El origen del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido mientras retiraba dinero con 43 tarjetas de débito en un cajero del BAPRO, ubicado a pocos metros de la Legislatura. La fiscal Betina Lacki llevó adelante la investigación y sostiene que existió una “organización que de modo habitual y permanente… tenía el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública”. El juez Atencio compartió esa mirada: “No me resulta razonable presumir que ello pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones y a quien ni siquiera pertenece a la planta funcional legislativa”, escribió, en alusión a Rigau y los Albini.
La maniobra, según detalla el magistrado, consistía en contratar personal que no cumplía funciones específicas a cambio de beneficios como obra social o aportes previsionales, y quedarse con parte o la totalidad del sueldo. “Una vez recaudado el dinero por Rigau, a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Gustavo Albini, quien le daba un destino diferente… ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”, expresó Atencio. El dato surge de un peritaje contable de la Corte, y se complementa con lo hallado en la detención: más de dos millones de pesos que Rigau guardaba en bolsas de residuos.
Mientras tanto, Claudio Albini fue internado recientemente por complicaciones de salud y permanece bajo prisión preventiva, al igual que su hijo Facundo, alojado en Melchor Romero. Por su parte, Rigau cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. En cuanto a los dueños de las tarjetas, el juez los desvinculó del delito de asociación ilícita y los considera responsables de fraude al Estado, una figura que prevé penas excarcelables.
El juicio oral aún no tiene fecha, pero se espera que en esa instancia surjan nuevos elementos sobre el posible involucramiento de funcionarios de mayor jerarquía. “Se podría revelar en esa instancia. Por ahora no se alcanzó a reunir pruebas para establecer esa jerarquía”, señalaron fuentes judiciales. Facundo Albini, incluso, fue reelecto como concejal mientras avanzaba la causa. El caso pone en evidencia una modalidad que, según los investigadores, podría haberse replicado en otros espacios de la política bonaerense.
				
				

