En medio de la polémica por la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el Gobierno nacional reconoció oficialmente la existencia del documento, pero negó rotundamente que tenga como objetivo espiar a opositores, periodistas o críticos del oficialismo. La confirmación surgió luego de que el diario La Nación publicara fragmentos del programa que habrían sido elaborados por la cúpula de la ex SIDE, bajo la dirección de Sergio Neiffert y la supervisión de Santiago Caputo. Según la publicación, el texto incluiría la posibilidad de realizar tareas de inteligencia sobre actores que “erosionen” la confianza pública en el Gobierno o generen una “pérdida de confianza” en sus políticas económicas.
Ante la repercusión, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que desmintió tales acusaciones. “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas y adversarios políticos”, afirma el texto oficial, y agrega: “El Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema Nacional de Inteligencia, destruido en anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”. A su vez, el Gobierno defendió el carácter confidencial del PIN, describiéndolo como un instrumento estratégico “al que solo tienen acceso el Presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso”.
Sin embargo, la difusión del documento, que tendría más de 170 páginas, generó tensión con el Congreso. Fuentes ligadas al sistema de inteligencia deslizaron que la filtración podría haber provenido de la Comisión Bicameral que preside el senador Martín Lousteau (UCR) y tiene como vicepresidente al diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria). Desde los entornos de ambos legisladores no hubo declaraciones. Un alto funcionario del oficialismo calificó la publicación del PIN como un hecho grave: “Se trata de un secreto de Estado y su divulgación es un delito federal, tanto de quien lo filtra como de quien obtiene esa información y la divulga”.
Otro integrante de La Libertad Avanza matizó las acusaciones de espionaje al sostener que el objetivo del PIN no sería perseguir a la disidencia sino “identificar operaciones extranjeras que buscarían minar la confianza pública en las instituciones, generar caos o condicionar decisiones democráticas”. En esa línea, señaló que quienes actúan “para intereses antinacionales” estarían bajo el radar de inteligencia, no por sus opiniones, sino por atentar contra la estabilidad del país.
La versión difundida del plan incluye otros ejes tradicionales del área, como la prevención del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida. También advierte sobre la posibilidad de investigar intentos de “manipulación” de la opinión pública a través de inteligencia artificial o campañas de desinformación. Cabe recordar que a principios de mayo, el Gobierno autorizó un refuerzo presupuestario de $25.000 millones para la Secretaría de Inteligencia, área estratégica bajo el control político de Santiago Caputo.
