La causa judicial que Cristina Fernández de Kirchner inició para recuperar su pensión vitalicia como ex presidenta, suspendida por el gobierno de Javier Milei tras la confirmación de su condena por corrupción, continúa sin juez asignado. El expediente se encuentra actualmente en la Cámara Federal de la Seguridad Social, luego de que el juez subrogante Ezequiel Pérez Nani se excusara de intervenir y su par Karina Alonso Candi rechazara hacerse cargo de la causa.

La ex vicepresidenta presentó una demanda contra la ANSES en la que solicita la nulidad de dos resoluciones administrativas —la 1092/2024 y la 94/2025— que ordenaron la baja de su pensión y de la correspondiente al fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Ambas asignaciones, según datos de febrero de este año, sumaban más de 35 millones de pesos brutos: $19.645.844,41 a nombre de Cristina Kirchner y $15.609.453,32 correspondientes a la pensión de su difunto esposo. “Mi mandante está inhibida y no posee bienes, cualquier emolumento que ingresara a su patrimonio quedaría automáticamente paralizado por la inhibición dictada, por tanto, sus asignaciones mensuales vitalicias son el único ingreso que le permite subsistir”, argumentó su defensa al solicitar una medida cautelar para reanudar el pago mientras se resuelve el fondo del litigio.

La medida tomada por el actual gobierno se fundamenta en la condena firme de Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, en la que fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Resolución 1092/2024 se firmó pocos días después de que la Sala IV de la Cámara de Casación confirmara esa sentencia. En base a la Ley 24.018, el Ejecutivo dispuso dar de baja ambas pensiones: la de Cristina como ex mandataria y la que percibía como viuda de un ex presidente.

Este no es el primer conflicto judicial en torno a los haberes de la ex mandataria. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, Pérez Nani había fallado a su favor cuando se le pidió optar por una de las dos pensiones. En aquella ocasión, la ANSES, bajo la conducción de Fernanda Raverta, no apeló el fallo. Sin embargo, esta vez, el mismo juez decidió apartarse del expediente argumentando que está ternado en un concurso para juez titular y cualquier decisión podría “ser incorrectamente interpretada” y poner “en duda la necesaria imparcialidad”.

La jueza Karina Alonso Candi rechazó hacerse cargo del expediente tras la excusación de Pérez Nani y cuestionó su decisión. “No comparto las razones que fundaron su excusación”, afirmó. Y agregó que asumir el rol de juez implica resolver cuestiones más allá de los intereses personales, incluso en contextos como un proceso de selección. “De suponerse entonces que las decisiones judiciales que adopte un juez en proceso de concurso […] puedan comprometer su proceso de selección, podría llevar a la conclusión de que este magistrado se vería impedido de dictar sentencia en toda causa que llegue a su conocimiento”, reflexionó Alonso Candi.

Finalmente, la causa fue devuelta a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que deberá reasignarla al juzgado correspondiente para retomar su tramitación. Mientras tanto, la ex presidenta continúa sin percibir las pensiones y la causa sigue paralizada, en un limbo judicial.