La causa por amenazas coactivas que el diputado radical Facundo Manes presentó contra el asesor presidencial Santiago Caputo vuelve a estar en marcha. Luego de que la Cámara Federal porteña anulara el archivo inicial del expediente, el juez Sebastián Ramos —quien reemplaza a Eugenia Capuchetti en el juzgado— aceptó a Manes como parte querellante. La decisión implica un nuevo impulso a la investigación y abre la puerta a nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa del legislador.

La denuncia de Manes se originó tras un cruce con Caputo ocurrido en el Congreso Nacional el pasado 1° de marzo. En un principio, la jueza Capuchetti había considerado que se trató de una “disputa política” sin relevancia penal, y resolvió archivar el expediente. “La indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”, sostuvo entonces la magistrada. Sin embargo, la Cámara Federal entendió que antes de pronunciarse sobre el fondo, había un paso previo omitido: resolver si Manes tenía legitimidad para actuar como querellante. Esta omisión derivó en la nulidad del fallo.

Con el expediente nuevamente en sus manos, Capuchetti reconsideró la cuestión y aceptó la participación del legislador en la causa. “Teniendo en cuenta que el legislador nacional habría sido el particular ofendido por el delito de acción pública denunciado”, expresó en su resolución, era procedente su incorporación como querellante. En consecuencia, el expediente vuelve a tener como principal investigado a Santiago Caputo y se reinicia la actividad judicial en torno al caso.

La defensa de Manes, encabezada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, presentó un listado de testigos para acreditar el carácter “amenazante y coactivo” del accionar de Caputo. Entre ellos se encuentran diputados que presenciaron los hechos, periodistas que se encontraban en el lugar —como Jazmín Bullorini y Marcos Giorgetti—, y también se pidió convocar a declarar al presidente Javier Milei. “Solicito que se cite a prestar declaración testimonial al Señor Presidente de la Nación Doctor Javier Milei para que preste testimonio respecto de las declaraciones públicas denunciadas como hecho nuevo”, señaló la presentación. También se pidió la citación de Guillermo Francos, Karina Milei y otros funcionarios clave del entorno presidencial, así como información laboral detallada de Caputo dentro del Poder Ejecutivo.

El juez Ramos, que quedó al frente del expediente, será quien determine si las nuevas medidas solicitadas aportan elementos suficientes para configurar una acusación penal formal. Por ahora, el caso se mantiene abierto, y la figura del asesor presidencial vuelve a estar en el centro de una causa judicial con implicancias políticas.