El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia contra el diputado kirchnerista Eduardo Valdés, por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se basa en la supuesta doble función de Valdés, quien impulsa un proyecto de ley para que el gobierno aumente los fondos destinados a las personas con discapacidad, mientras integra la fundación Infancia, que podría beneficiarse directamente con esos recursos. Según el fiscal, esta situación configura un claro conflicto de intereses entre su rol legislativo y su vínculo con la entidad receptora de subsidios.
La denuncia se fundamenta en declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien alertó sobre maniobras detrás del proyecto de emergencia nacional en materia de discapacidad que impulsa el bloque kirchnerista. Spagnuolo señaló que Valdés “tiene un conflicto de intereses” por ser legislador y, a la vez, “miembro de una fundación que recibe subsidios”. Valdés es vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad y figura en el directorio de la fundación, que además está dirigida por su familia. En su presentación ante la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, Stornelli pidió medidas para investigar el caso, incluyendo la recopilación de normativa vigente, el texto del proyecto y declaraciones del propio Spagnuolo. Además, solicitó que se obtenga el legajo completo de la fundación Infancia con su estructura y autoridades.
Spagnuolo sostuvo en una entrevista radial que el proyecto “podría implicar incrementos significativos en los ingresos de los prestadores, entre ellos la familia de Valdés”. Advirtió que la iniciativa “establece gastos altísimos pero no dice cómo se van a financiar”, lo que afectaría seriamente las políticas económicas nacionales. También cuestionó el período de vigencia del proyecto, que declararía la emergencia desde el año en curso hasta 2027, coincidiendo con el primer mandato del presidente Javier Milei, y no con la gestión de Alberto Fernández. “Es una ley hecha a medida de los prestadores, más que de las personas con discapacidad”, afirmó, y añadió que si se aprueba, sería “un bombazo directo a la política económica, que tiene como objetivo principal el déficit cero”. Por su parte, Valdés negó la acusación de conflicto y aseguró no formar parte actualmente del directorio de la fundación. En medio del cruce, Spagnuolo recordó además que la Comisión de Discapacidad está presidida por Daniel Arroyo, quien en su gestión no impulsó ningún proyecto similar.
