En medio de la visita de una delegación argentina a Washington para negociar la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, se conoció un contundente informe de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (US Chamber) que ubica a Argentina en un nivel muy bajo de protección general de la propiedad intelectual. Según la 13ª edición del IP Index, a la que tuvo acceso Clarín, el país se encuentra más cerca de las naciones menos desarrolladas y muy por debajo del promedio latinoamericano en esta materia clave para el clima de inversiones y la innovación.
El informe señala en particular las restricciones a la patentabilidad en áreas estratégicas como la biofarmacéutica y la computación, y las vincula con violaciones a tratados internacionales. Esta debilidad es conocida y reiterada por funcionarios estadounidenses de diferentes rangos durante las negociaciones con sus contrapartes argentinas. “El costo de estas barreras legales para la economía argentina es considerable, tanto en la pérdida de oportunidades para los innovadores nacionales como en la potencial inversión extranjera directa”, afirma el documento. Se destaca, además, que los procesos de patentamiento pueden tardar hasta una década, y que Argentina es uno de los pocos países del mundo que no ha adherido al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), considerado una herramienta fundamental para proteger las innovaciones a nivel global.
El informe también reconoce que tras la llegada de Javier Milei al poder a fines de 2023, Argentina inició una serie de reformas orientadas a desregular y mejorar la economía, incluyendo cambios en las leyes laborales, tributarias y en la regulación de prácticas comerciales privadas. Sin embargo, aclara que “al momento de la investigación no se habían anunciado ni aprobado cambios legislativos importantes con respecto al entorno de propiedad intelectual nacional”. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha impulsado intentos de flexibilización en esta área, un reclamo histórico de laboratorios internacionales agrupados en CAEME, aunque enfrenta la resistencia de laboratorios nacionales con fuerte presencia en el sector. Además, el informe destaca la “preocupación” por los altos niveles de piratería y falsificación física y la falta de incentivos para el desarrollo y protección de tecnologías avanzadas, como medicamentos huérfanos o secretos industriales, señalando que el desfasaje legal y judicial pone en riesgo la competitividad y la innovación argentina.
