El Municipio de San Isidro anunció la suspensión por 180 días del sistema de fotomultas, tras detectar graves inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con dos universidades públicas, la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO). Estas casas de estudio recibieron fondos millonarios para administrar el sistema, pero según la investigación municipal, existían serias sospechas de que parte de esos recursos eran desviados y que las tareas encargadas a las universidades estaban siendo tercerizadas en empresas privadas sin la supervisión adecuada. La decisión, tomada por decreto del intendente Ramón Lanús, tiene como objetivo garantizar que el sistema funcione bajo normativa y con la finalidad de mejorar la seguridad vial, descartando cualquier fin recaudatorio o beneficio para terceros.

La suspensión comenzó el 23 de abril y mientras dura, el municipio reforzará los controles de tránsito con agentes locales para velar por el cumplimiento de las normas viales. Según explicó Lanús, “en San Isidro nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”. Entre las irregularidades detectadas se destacan la ausencia de documentación completa, falta de constancias de trabajo, reportes, actas y problemas con la facturación. Además, no existe un listado actualizado de los dispositivos instalados para controlar las infracciones, aunque la intendencia identificó 268 equipos entre cámaras y radares distribuidos en distintos puntos del distrito.

Los convenios firmados en la gestión anterior, a cargo de Gustavo Posse, no solo exhiben fallas administrativas sino que también ponen en evidencia una práctica recurrente durante los años del kirchnerismo, cuando los acuerdos con universidades públicas se utilizaron para desviar fondos y evitar licitaciones formales. En particular, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz presenta serias irregularidades: solo egresa el 10% de sus alumnos y tiene un costo por estudiante muy elevado, con un presupuesto proyectado para 2024 de casi 3.000 millones de pesos para una matrícula que ronda los 1.900 estudiantes. En este contexto, el municipio exigió a ambas universidades que en un plazo de 15 días entreguen toda la información requerida para aclarar las ambigüedades detectadas y asegurar que se cumplan los marcos legales y los fines para los cuales se firmaron los convenios. La investigación continúa abierta, mientras el sistema de fotomultas permanece suspendido y bajo estricta supervisión.