El Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en el PAMI en medio de denuncias por presunta corrupción en distintas delegaciones del organismo. La intervención fue anunciada oficialmente a través de un comunicado, en el que se detalla que la obra social de jubilados y pensionados inició una revisión profunda con el objetivo de “ordenar el Instituto y cuidar el dinero de los afiliados”. La investigación se enmarca en un contexto de fuertes acusaciones por pedidos de “diezmos” en oficinas del PAMI y la ANSES en distintas provincias, lo que reavivó las críticas a prácticas heredadas de anteriores gestiones.

“PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores”, indica el texto difundido por el organismo, que hoy preside Esteban Leguízamo. Desde la conducción también remarcaron que, durante años, “la política convirtió al PAMI en una caja” y que el instituto fue utilizado para “hacer negocios y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”. En este sentido, el Gobierno busca “desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios”, al tiempo que garantizan una gestión más transparente.

Uno de los puntos más sensibles de la auditoría tiene que ver con la utilización de “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos, un mecanismo que debería aplicarse en situaciones puntuales pero que, según detectó la actual gestión, se usaba con frecuencia para eludir licitaciones y procedimientos formales. “Esto abría la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos”, advirtieron. Frente a este escenario, el mensaje fue claro: “No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”.

La ofensiva contra las prácticas irregulares en el PAMI ocurre en paralelo a una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en las últimas semanas. En Oberá, Misiones, 22 funcionarios acusaron al presidente local de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, de exigirles el 10% de sus sueldos como “aporte partidario”. Casos similares se registraron en Santa Cruz y La Pampa. A esto se sumó un episodio que sacudió la interna libertaria en Junín, donde Alberto Pascual, hasta ahora titular del PAMI local y referente de La Libertad Avanza en la cuarta sección electoral, fue desplazado tras un mensaje en redes sociales de la influencer Marina Biagetti, cercana al espacio de “Las Fuerzas del Cielo”.

En el comunicado final, el PAMI reafirma su compromiso con la transparencia: “PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó”. ¿Querés que también prepare una versión corta para redes sociales o un reel con este tema?